Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), han denunciado que este modelo no es más que un «impuesto al tránsito» que no garantiza obras reales de infraestructura. Según el referente Ricardo Lasca, la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei está entregando rutas que ya fueron pagadas con fondos públicos para que privados simplemente realicen tareas menores como el corte de pasto y bacheo. Esto significa que, a pesar del aumento del 200%, los misioneros no verán nuevas autopistas ni multitrochas que mejoren la seguridad vial en una provincia donde la conectividad terrestre es la única vía de desarrollo.
La preocupación técnica radica en que el sistema pasará de tener 45 estaciones de cobro en todo el país a un total de 99, estableciendo un puesto de peaje cada cien kilómetros. Para el sector productivo de Misiones, esto representa un encarecimiento logístico asfixiante, ya que la salida de la madera, la yerba mate y el té hacia los puertos nacionales depende exclusivamente de estas arterias. Al no existir caminos alternativos, los usuarios quedan en una situación de «rehenes» ante contratos de concesión que hipotecan la soberanía vial de la provincia por las próximas tres décadas.
Además, el CONADUV cuestiona la transparencia de este proceso, señalando que las rutas se entregan a empresas con antecedentes judiciales mientras se desvían los fondos del impuesto a los combustibles. Actualmente, se recaudan aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales por dicho tributo que deberían destinarse a vialidad, pero el Gobierno nacional opta por el modelo de concesión privada para que el usuario pague dos veces por el mismo servicio. En Misiones, donde la Ruta 12 es la columna vertebral del comercio, la falta de un ente regulador con participación de los usuarios deja a la población sin defensa ante la arbitrariedad tarifaria.
Hacia adelante, lo que puede pasar ante la privatización total es un aislamiento económico de las zonas más alejadas de la provincia debido al costo del transporte. Si el sistema evoluciona hacia el modelo free flow sin una inversión real en ampliar la capacidad de las rutas, el resultado será un asfalto caro y obsoleto que solo servirá para financiar la rentabilidad empresarial. Misiones enfrenta así un escenario donde el libre mercado, pregonado por el Ejecutivo nacional, termina castigando a las provincias periféricas con peajes de primer mundo y rutas de mantenimiento precario.