El estudio, basado en encuestas a asalariados de todo el territorio nacional, arroja una cifra alarmante: el 83,5% de los trabajadores atraviesa algún tipo de vulnerabilidad alimentaria mientras cumple sus tareas, lo que evidencia que el sueldo ya no garantiza siquiera la cobertura de necesidades nutricionales básicas durante el horario de empleo.
La gravedad de la situación se manifiesta en hábitos de supervivencia que afectan directamente la salud y el rendimiento: el 61,1% de los asalariados reconoce que se saltea comidas por motivos estrictamente económicos, mientras que el 78,5% se ve obligado a comprar alimentos de menor calidad para abaratar costos. El informe subraya que existe una «doble privación» que afecta a más de la mitad de la fuerza laboral (56,2%), quienes comen menos y peor de manera simultánea, reflejando un quiebre profundo en el poder adquisitivo frente al costo de vida actual.
El impacto de esta crisis nutricional no es uniforme, ensañándose con los sectores más vulnerables del mercado de trabajo. Los jóvenes de entre 18 y 29 años son los más afectados, con un 70,7% que admite saltear comidas, seguidos de cerca por las mujeres y los trabajadores no calificados. La brecha de ingresos es el factor determinante: mientras que en los sueldos de hasta 800.000 pesos la opción por alimentos de baja calidad es casi total (86,7%), la problemática persiste incluso en estratos de mayores ingresos, confirmando la transversalidad del fenómeno.
Los datos del estudio de la UCA también exponen la precariedad de las condiciones laborales actuales, donde el 22,6% de los asalariados directamente no ingiere ningún alimento durante su jornada para intentar estirar su ingreso disponible. Respecto al gasto diario, el 80% de los trabajadores apenas puede destinar entre 5.000 y 10.000 pesos para comer, una cifra que empuja a la mayoría a optar por alternativas económicas pero nutricionalmente deficientes, afectando a largo plazo la salud de la población activa.
Finalmente, el informe advierte sobre la desigualdad en el acceso a beneficios sociales, ya que los comedores o subsidios alimentarios se concentran mayoritariamente en grandes empresas y puestos jerárquicos. Aunque la reciente reforma laboral abre la posibilidad de implementar comedores externos, la falta de precisiones reglamentarias por parte de la Secretaría de Trabajo mantiene al sector en la incertidumbre. Para los especialistas de la UCA, la alimentación ha dejado de ser una cuestión privada para consolidarse como una dimensión crítica del bienestar laboral que requiere respuestas urgentes ante el avance de la pobreza entre los ocupados.