A través de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, se aprueban las «Reglas para la Normalización del MEM», cuyo propósito explícito es «volver al esquema de los años 90» donde los precios mayoristas se fijaban sin la interferencia del Estado, impulsando la libre contratación y el «principio de marginalismo».
El Discurso de la «Normalización» y el Costo Social
Desde la Secretaría de Energía, justifican la medida argumentando que la fijación administrativa de precios y los subsidios de las últimas dos décadas «distorsionaron las señales económicas» y generaron «dependencia del gasto público».
Sin embargo, el restablecimiento de la competencia y la eliminación de la intervención estatal, que tanto se celebra, es la receta exacta que en el pasado transfirió el riesgo y el costo a los usuarios y consumidores.
El nuevo marco normativo crea un Mercado a Término de Energía y Potencia que fomenta la contratación bilateral entre generadores, distribuidores y grandes usuarios. Si bien se habla de impulsar inversiones, el verdadero núcleo del plan es desligar al Estado de su rol como protector de los ciudadanos ante los movimientos del mercado.
Adiós a los Controles, Hola a la Especulación
La norma también avanza en la descentralización del manejo de combustibles, retirando a CAMMESA la concentración de su compra, aunque mantenga funciones de administración y proveedor de última instancia. Esto profundiza el abandono de la planificación estratégica energética en favor de la operatoria de mercado.
La decisión de dejar atrás los subsidios —que actúan como un derecho social y una herramienta de desarrollo— a través de la restauración del modelo de los 90, es una declaración de principios que coloca la rentabilidad empresaria por encima del bienestar de la población. La experiencia argentina demuestra que la desregulación total del mercado eléctrico solo beneficia a los grandes jugadores, quienes manejarán la tarifa y las inversiones sin la necesaria contención regulatoria, condenando a los argentinos a un futuro de precios volátiles y, potencialmente, servicios deficientes.
El retorno al esquema de los 90 no es una modernización, sino un peligroso experimento con memoria corta, que olvida las lecciones de la historia sobre cómo la destrucción del rol estatal en áreas estratégicas terminó socavando la economía nacional.