Garibotti, en declaraciones a Radio Splendid AM 990, no anduvo con rodeos al señalar la pasividad del gobierno. Criticó la falta de constitución de garantías, una medida solicitada por la jueza Loretta Preska en enero de 2024 para asegurar el pago de la sentencia. Esta acción, según la ex funcionaria, podría haber atenuado el impacto del fallo. Lo que más le «extraña» es que, a pesar de las insistencias de la jueza para que las partes negociaran, el gobierno «no se sentó» a la mesa de diálogo, incluso tras diversas apelaciones.
La «Jugada Libertaria» Bajo la Lupa: Negociaciones Secretas y Falta de Coherencia
La directora de la Fundación Encuentro fue contundente: «No había una estrategia clara sobre si se iba a acatar el fallo o cómo se manejaría el pago, a pesar de que la sentencia ya estaba ‘firme'». Esta falta de definición estratégica por parte de un gobierno que pregona la transparencia y la eficiencia es lo que más inquieta a Garibotti. De hecho, subrayó que la constante apelación no hace más que engrosar la deuda, con un aumento diario estimado en 3 millones de dólares en intereses.
El temor de Garibotti se profundiza al considerar la inclinación del gobierno libertario a mantener una buena relación con Estados Unidos. Expresó su preocupación de que esta postura pudiera estar llevando a negociaciones que difieran de la comunicación oficial interna, sugiriendo una posible opacidad en el manejo del caso que podría tener consecuencias nefastas para el patrimonio nacional.
El Fantasma de una «Privatización de Facto» de YPF
La crítica más incisiva de Garibotti se centra en el potencial resultado de esta supuesta falta de estrategia. La ex funcionaria manifestó su inquietud de que, a través de la decisión de una jueza en Nueva York, se pudiera llegar a una situación donde «se queden con el 51% de YPF». Esta porción, según su estimación, representaría el alarmante «70% de Vaca Muerta», el corazón energético de Argentina. Esto, para Garibotti, equivaldría a una «privatización de facto» de la petrolera, una medida que el gobierno libertario ha sugerido, pero no ha concretado formalmente.
La ex subsecretaria también puso en tela de juicio la legitimidad del proceso judicial en sí, calificándolo de algo que «no tiene ningún gollete». Destacó que YPF como empresa no era parte de este juicio, sino el Estado argentino, y que la expropiación se realizó «en Argentina a argentinos», lo que, desde su perspectiva, hace incomprensible que el juicio se litigue en Estados Unidos. Subrayó que el hecho de que «se litigue en Nueva York ‘está inventado’ y no estaba establecido en ningún documento de YPF, ni en los papeles de la privatización o nacionalización».
En definitiva, las declaraciones de Cecilia Garibotti arrojan un manto de duda sobre la gestión del gobierno de Milei en el caso YPF. La supuesta falta de una estrategia definida, la renuencia a negociar y la acumulación de intereses, sumado al temor de una pérdida significativa del control sobre YPF y Vaca Muerta, plantean serios interrogantes sobre la «jugada libertaria» en uno de los juicios más trascendentales para el futuro económico de Argentina.