Al complejo escenario se suma que el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, tuvo hasta hace unos meses un vínculo profesional con un abogado que asesoró directamente a Burford Capital.
La sesión secreta: entre la prudencia y la desconfianza
La semana pasada, el Senado argentino fue escenario de un inusual consenso entre oficialismo y oposición: posponer una sesión secreta clave sobre el juicio de YPF en Estados Unidos. Con más de 16.000 millones de dólares en juego tras el fallo de la jueza Loretta Preska, la intención era convocar a funcionarios de la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía y la propia YPF para que «brinden un informe detallado sobre la situación y las acciones previstas».
La idea de la «sesión secreta» no era caprichosa. Un «experimentado legislador dialoguista» confesó que, en un Senado «totalmente descontrolado», exponer el debate públicamente ante los «legisladores ‘estrella’ o los más problemáticos» podría haber provocado «cualquier disparate» mientras Preska «lo mira en vivo por redes sociales». El temor a la «demasiada exposición» y la desconfianza sobre «hasta dónde quieren hurgar algunos» eran patentes. La prudencia se impuso, aplazando el encuentro para una fecha «oportuna», buscando un «documento que sea muy muy específico y contundente».
Filtraciones, despidos y un «socio incómodo»: el conflicto en el corazón de la defensa
Lo que dio un giro dramático a la situación fue la confirmación de que la urgencia y el hermetismo respondían a una razón mucho más delicada: el Gobierno había descubierto presuntas «filtraciones y venta de información de empleados del Estado» a favor del fondo Burford, el principal beneficiario del fallo adverso a Argentina. La bomba estalló con la orden de la Casa Rosada de despedir a funcionarios de la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de la defensa legal del Estado.
«Creemos que hubo venta de información», afirmó una fuente inobjetable del Gobierno, apuntando directamente a la Procuración. Aunque el hermetismo es total sobre los detalles de la filtración y qué tipo de archivos o datos se habrían comprometido, la sospecha es que la información terminó en manos de los litigantes extranjeros.
Sin embargo, a este cuadro de alarma. Hasta hace apenas unas semanas, Castro Videla era socio de Alberto Bianchi en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla. ¿El problema? Bianchi fue una figura clave para Burford Capital en el juicio por YPF, aportando un testimonio determinante que fortaleció la postura del fondo en la Corte de Nueva York.
Aunque Castro Videla no participó directamente en la causa, el hecho de haber compartido estudio con un abogado que trabajó del otro lado del mostrador genera ya obligó que el funcionario libertario no participara de la decisiones de la procuradoría sobre YPF.
La situación se complejiza aún más si se considera que la historia parece repetirse. El antecesor de Castro Videla, Rodolfo Barra, tuvo que apartarse del caso YPF por haber emitido una opinión técnica previa sobre la estatización.
Además, el número dos de la Procuración, Andrés de la Cruz, quien llegó de la mano de Luis Caputo, fue abogado del Grupo Petersen en el estudio Cleary Gottlieb, el mismo que los representó en Nueva York cuando ingresaron a YPF. Ahora, De la Cruz se encuentra litigando a favor del Estado y en contra de sus antiguos clientes.
La no judicialización: un manto de dudas sobre la transparencia
Pese a la gravedad de la acusación de «venta de información» y el potencial perjuicio de miles de millones de dólares para el Estado, el Gobierno ha optado por no judicializar la cuestión. En lugar de iniciar una investigación penal que determine responsabilidades y posibles delitos, se ha decidido una «purga» interna y la «disolución de diferentes áreas» del organismo.
Esta elección por una solución administrativa y de reestructuración, sin recurrir a la vía judicial, genera interrogantes significativos sobre la transparencia y la real magnitud de lo ocurrido.
¿Es una señal de que las pruebas no son lo suficientemente sólidas para un proceso penal? ¿O se busca evitar un escándalo judicial que pueda «generar mayor ruido» y desestabilizar la defensa argentina en un litigio tan sensible? La falta de acción judicial en un caso de tan alta sensibilidad y potencial perjuicio para el Estado, y con un conflicto de intereses en el horizonte, deja un manto de dudas sobre la integridad de la defensa.
La paradoja del respaldo de EE.UU. y el desafío de Preska
Paradójicamente, en medio de esta crisis interna, Argentina recibió un espaldarazo internacional: el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que volverá a intervenir como «amicus curiae» en apoyo al reclamo argentino, argumentando que exigir la entrega de acciones de YPF violaría leyes de inmunidad soberana. Este respaldo, aunque bienvenido, ya fue desoído en parte por la jueza Preska, quien hace apenas 10 días ordenó el traspaso de las acciones, mostrando que su criterio conservador prima sobre las recomendaciones del propio gobierno estadounidense.
La estrategia argentina busca sumar más aliados internacionales, con la esperanza de que la presión diplomática influya en la Corte de Apelaciones. Sin embargo, mientras la batalla legal se libra en Nueva York y la diplomacia busca apoyos, el flanco interno de las filtraciones y la purga de funcionarios, sumado a las sombras de los conflictos de intereses en la cúpula de la Procuración, subraya que el desafío para el Gobierno no es solo jurídico o financiero, sino también de confianza y control sobre sus propias filas.
La pregunta que queda en el aire es si el equipo legal de la Argentina está realmente en condiciones de pelear contra Burford Capital o si los conflictos de intereses jugarán en contra de la estrategia de defensa.