La presentación de la «Ley de Leyes» por parte de Milei destacó un supuesto aumento en las partidas para educación (8%), salud (17%) y jubilaciones (5%), además de una ampliación del presupuesto universitario. Sin embargo, especialistas advierten que la realidad proyectada es distinta. La propuesta elimina artículos clave de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estas derogaciones no solo afectan el financiamiento de la educación en general, sino que también eliminan la progresividad en la inversión científica y tecnológica y el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional.
Según expertos consultados por el diario Ámbito Financiero, este proyecto plantea un desfinanciamiento a largo plazo para sectores cruciales. La investigadora del CONICET, Romina de Luca, señala que ya se observa una constante disminución del gasto como porcentaje del PBI, y que el proyecto de 2026 busca consolidar esta tendencia al eliminar la obligación de destinar el 6% a educación.
La investigadora calificó los anuncios del gobierno como una «promesa de crecimiento» que no se cumplirá, ya que las proyecciones inflacionarias y de crecimiento económico en las que se basan son poco realistas.
La derogación propuesta por el presidente ultraderechista no solo afecta a los pisos de inversión para educación y ciencia, sino que también impacta negativamente en áreas clave como los salarios docentes, que consumen cerca del 90% de los recursos educativos. Esto deriva, como señalan especialistas como el economista Juan Ignacio Doberti, en una descapitalización del capital humano y la pérdida irrecuperable de equipos de investigación, afectando la formación de cuadros técnicos y mano de obra calificada.
En definitiva, la iniciativa de Milei es vista por expertos y sindicatos como un retroceso en el camino del financiamiento público, que podría tener graves consecuencias para el desarrollo educativo y científico del país. La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha rechazado el proyecto, alertando que «profundiza el camino de desfinanciamiento» y que, en lugar de mejorar la situación, propone un recorte aún mayor para la escuela pública.
Las cifras oficiales revelan una caída sostenida en el financiamiento educativo en relación al PBI, lo que refuerza las preocupaciones sobre las intenciones del gobierno.