La preocupación del Fondo se sustenta en una crisis de ingresos que califican como fenomenal, donde los sueldos de sectores estratégicos como la construcción, la industria y el comercio ya no llegan a cubrir ni la mitad de la canasta básica de pobreza. El reciente conflicto de la Policía de Santa Fe, cuyos salarios pasaron de 900 mil pesos a 1,3 millones tras días de protesta, es visto como un síntoma de la brutal crisis del «no hay plata». Mientras el presidente ultraderechista Javier Milei intenta sostener el ajuste para frenar la inflación, los números de la calle muestran que una familia necesita 1,4 millones de pesos para no ser pobre, una cifra que hoy es una quimera para la gran mayoría de los trabajadores formales.
A este escenario de asfixia económica se suma una denuncia de gravedad institucional por parte de los trabajadores de ATE-INDEC, quienes alertaron sobre una posible intromisión del Ejecutivo en las futuras publicaciones de datos de pobreza. Según el comunicado gremial, existe una campaña gubernamental que busca imponer «índices alternativos» que no son oficiales para simular una mejora en la realidad social que no se percibe en las góndolas. El riesgo, advierten los especialistas, es que la estadística oficial termine desconectándose totalmente de la realidad, ocultando que llenar un changuito de supermercado cuesta hoy al menos 900 mil pesos, el equivalente a casi la totalidad de muchos salarios básicos.
En el sector industrial, la situación es de «desangre», con salarios promedio que a finales de 2025 rondaban apenas los 854.979 pesos. A pesar de que la Unión Industrial Argentina (UIA) mantiene una relación de «ceos colaborativos» con el ministro Luis Caputo, la base trabajadora enfrenta suspensiones y cierres de locales por la apertura importadora y la caída del consumo. Mientras los representantes industriales elogian la reforma laboral en comunicados conjuntos con el Gobierno, las máquinas paradas en las fábricas cuentan otra historia: la de un modelo que, según admiten en off las fuentes oficiales, cuenta con el respaldo político de Donald Trump, pero que cruje ante la falta de una «luz al final del túnel» económica.
Finalmente, el debate sobre el impacto del IPC alterado en las mediciones de pobreza promete ser el próximo gran foco de conflicto. Con el Fondo Monetario mirando con ojos adustos el impacto social de la crisis y un sindicalismo que advierte sobre la precarización total, el Gobierno se encuentra en una encrucijada entre el ajuste fiscal y la temperatura de una calle que no deja de subir. Los «índices alternativos» y las promesas de reactivación futura parecen no ser suficientes para calmar a un FMI que, por primera vez, se muestra más preocupado por la paz social que por el cumplimiento de las metas fiscales estrictas.
