Esta nueva toma de fondos, con un plazo de 372 días y una tasa del 7,4% anual, evidencia la fragilidad financiera del modelo libertario. Para concretar la operación con la banca extranjera, la autoridad monetaria debió entregar como garantía títulos públicos Bonar 2035 y 2038, comprometiendo activos del Estado para obtener liquidez inmediata y pagar los bonos de la reestructuración de 2020.
El laberinto del endeudamiento y las privatizaciones
Aunque desde el BCRA intentan presentar la medida como un «fortalecimiento de las reservas», en la práctica se trata de un financiamiento de corto plazo para tapar un bache de divisas que el Tesoro no puede afrontar con recursos propios. El esquema se completa con otro préstamo directo negociado por el equipo de Caputo por unos US$ 1.600 millones adicionales.
«Se trata de un financiamiento tomado para mejorar la posición de reservas en un contexto de exigencias financieras elevadas», justificó el BCRA. Sin embargo, el uso de fondos provenientes de la venta de activos públicos (privatizaciones) para pagar deuda corriente marca un hito en la actual gestión.
Activos rematados para pagar intereses
Para llegar a cubrir los pagos de esta semana, el Gobierno echó mano a US$ 706 millones provenientes de la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue. Esta decisión de desprenderse de patrimonio nacional para cumplir con los acreedores externos subraya la urgencia por conseguir divisas en un mercado que aún desconfía de la solvencia argentina.
A pesar de las promesas de equilibrio, el esquema económico del presidente ultraderechista recurre a las mismas herramientas de deuda financiera que han caracterizado las gestiones anteriores de Caputo. El riesgo país obliga a la Argentina a aceptar tasas elevadas y a buscar auxilio en entidades como el Bank of China, manteniendo al país en una dependencia constante de los mercados internacionales para evitar el cese de pagos.