Aferrados a los anuncios del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y a las desregulaciones que Javier Milei impulsa con la nueva Ley Ómnibus, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y su par misionero Hugo Passalacqua pusieron en marcha una movida que apunta a cambiar las reglas de juego del negocio eléctrico.
Los dos mandatarios mesopotámicos quieren dejar de adquirir la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y pasar a comprarla en forma directa a las hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.
Hace más de 15 años que Corrientes viene reclamando a las diferentes administraciones nacionales la posibilidad de abastecerse directamente con la energía eléctrica que genera Yacyretá. Ese cambio, según las estimaciones de técnicos locales, implicaría para la provincia pasar a pagar por la energía un precio entre 30 por ciento y 40 por ciento menor que el valor actual establecido por Cammesa para el nodo regional del NEA, consignó el portal Letra P.
Desde la reforma del negocio eléctrico implementada durante la gestión de Carlos Menem, el esquema legal vigente determina que la energía proveniente de las centrales binacionales con Paraguay (Yacyretá) y Uruguay (Salto Grande) sólo puede ser adquirida por Cammesa.
Corrientes pide que la habiliten a comprar directamente a la hidroeléctrica del río Paraná, asentada en su territorio, solo una porción marginal del total de la generación que le corresponde al país y que estará destinada a cubrir la diferencia entre lo que consume y lo que está recibiendo actualmente de energía a cambio de las regalías que debería pagar la represa.
A la jugada correntina se plegó el gobierno de Misiones con una postura similar, orientada a cortar la dependencia actual que tiene con Cammesa por la provisión de energía del sistema nacional.
La administración de Passalacqua también quiere pasar a abastecerse de manera directa desde Yacyretá y Salto Grande con contratos de suministros a mediano y largo plazo, similares a los que tuvieron distribuidoras eléctricas del interior con las generadoras térmicas hasta la crisis de 2001.
Desconectada de la red de gasoductos, Misiones está atada como ninguna otra provincia a la provisión de energía eléctrica para poder sostener las actividades productivas y la atención de las demandas domiciliarias.
Además de poder convertirse en compradora directa de la energía de las hidroeléctricas de la región, las autoridades misioneras le reclaman a la Nación el pago de $75.000 millones por regalías atrasadas.
La movida de Corrientes y Misiones comenzó a tomar fuerza el mes pasado, luego de que Rodríguez Chirillo ratificara que la nueva política energética “dejará de lado en el modelo centralizado del sector eléctrico, conducido fundamentalmente por el Estado y Cammesa, para pasar a un modelo descentralizado basado en la desregulación y libertad de contratación entre las empresas y el desarrollo de inversiones privadas”, publicó el portal Letra P.
Ese cambio de rumbo se vio reforzado con el nuevo contenido de la ley ómnibus XS que Milei remitió al Congreso. En el capítulo energético, el proyecto de ley le da al Gobierno amplias facultadas para llevar adelante los cambios que sean necesarios para “asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor”.
Tras habilitar que las boletas de luz se puedan pagar en tres cuotas sin recargos para amortiguar el impacto del último aumento en el precio de la energía que dispuso Cammesa; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio presentó una demanda contra la Nación por el cobro de las deudas y regalías pendientes de la central hidroeléctrica de Salto Grande.
Se trata de un reclamo inicial por $40.000 millones que forma parte de la presentación efectuada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que Entre Ríos también exige el pago de otros $154.000 millones por transferencias adeudadas a la Caja de Jubilaciones.
Las deudas por Salto Grande corresponden a los excedentes de generación y regalías del último semestre del año pasado y lo que va de 2024. Frigerio aseguró que durante muchos años Entre Ríos recibió en concepto de regalías “una remuneración muy injusta que es casi tres veces menos que la llega por Yacyretá”.
Casi al mismo que ingresaba la demanda a la Corte, la oposición provincial presionó a Frigerio para que siguiera una estrategia similar a la que implementaron Valdés y Passalacqua con respecto a la compra de energía.
Con la letra aportada por el ex titular de Aduana Guillermo Mitchel; el diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de ley para constituir una “Cammesa entrerriana”, que se dedicará a adquirir y comercializar la energía generada en Salto Grande.
La iniciativa opositora contempla la creación de Administradora Energía Entre Ríos SA. Estará bajo el control del gobierno provincial y tendrá la “titularidad para la comercialización de la energía eléctrica que Salto Grande aporte al país, pudiendo operar en cualquier segmento de la cadena de valor en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas”.
Para justificar el armado de la nueva comercializadora provincial, los impulsores del proyecto calcularon que, con las reglas actuales del negocio eléctrico, la provincia pierde anualmente unos u$s120 millones anuales. Esto se debe a que Salto Grande recibe como pago u$s5 por MWh, mientras que la eléctrica estatal entrerriana (Enersa) tiene que abonarle a Cammesa entre u$s40 y u$s50 por cada MWh que recibe el sistema nacional.