La crítica de CAMARCO es directa y contundente: la eliminación de un organismo con casi un siglo de trayectoria «afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente». Esto contrasta drásticamente con la visión libertaria de Milei, que ve en el achicamiento del Estado una vía para la eficiencia. Sin embargo, la Cámara subraya que Vialidad Nacional garantizó durante décadas una «mirada federal» y contaba con equipos profesionales especializados en infraestructura vial en todas las regiones del país, elementos que, desde una perspectiva crítica, son fundamentales para un desarrollo equilibrado y que parecen ser sacrificados en aras de la reducción del gasto público a ultranza.

Incertidumbre y Preocupación por el Futuro Vial

La entidad empresarial no solo cuestiona la medida, sino que también alerta sobre las consecuencias directas de transferir las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional. Este traspaso genera una «fuerte incertidumbre» sobre la continuidad de «obras estratégicas», el impacto negativo en el empleo del sector y la afectación de la «articulación público-privada» que ha sostenido el desarrollo de la infraestructura vial.

Desde una mirada crítica a las políticas libertarias, la Cámara destaca un punto crucial: «el mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30 mil kilómetros que no se concesionarán al sector privado, constituye una seria preocupación por el importante impacto en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de argentinos». Esta advertencia pone de manifiesto una de las mayores críticas a la visión puramente fiscalista del gobierno: si bien se busca el «déficit cero» a toda costa, el costo social y productivo de desmantelar organismos técnicos especializados puede ser considerable, afectando la infraestructura esencial que no resulta atractiva para la inversión privada pero es vital para el funcionamiento del país.

«Invertir en Caminos no es un Gasto, Sino una Herramienta para Crecer»

En una clara refutación a la narrativa gubernamental que cataloga toda erogación estatal como «gasto», CAMARCO sostuvo que «la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional». Esta frase encapsula la esencia del desacuerdo: mientras el gobierno de Milei prioriza el recorte fiscal como objetivo supremo, sectores productivos como la construcción argumentan que ciertas inversiones públicas son catalizadoras de desarrollo y no meros egresos.

La entidad reafirmó su disposición a dialogar con el Estado y a colaborar en el diseño de políticas que garanticen «obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal del desarrollo». La advertencia final de la Cámara, «el país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio», resuena como un llamado de atención sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de desguace estatal, sugiriendo que la búsqueda de la austeridad fiscal sin una estrategia de desarrollo puede llevar a un estancamiento. La crítica implícita es que, bajo la bandera de la «libertad», se están tomando decisiones que podrían comprometer el futuro de la infraestructura y, con ella, las bases para el crecimiento económico y social del país.