En enero de 2026, el IPC nacional registró un 2,9% mensual, acumulando un 32,4% interanual, según datos del INDEC. Sin embargo, esta cifra contrasta con el 3,1% reportado en CABA, el nivel más alto en 10 meses, con un acumulado interanual del 31,7%. En la provincia de Buenos Aires, el interior mostró un incremento del 2,9% en el costo de la canasta básica, mientras que el conurbano bonaerense demandó más de $814.000 para llenar el carrito de supermercado, apenas por encima de CABA.
Estas diferencias se acentúan en otras regiones. Por ejemplo, provincias como Chubut y Entre Ríos experimentaron subas del 3% en productos básicos, superando el promedio nacional, mientras que La Rioja y Catamarca registraron aumentos menores, del 1,1% y 0,9% respectivamente. Alimentos y bebidas no alcohólicas lideraron las alzas con un 4,7% nacional, impulsadas por carnes, verduras y derivados, con incidencias mayores en el interior del país. Restaurantes y hoteles subieron un 4,1%, y los estacionales como turismo escalaron un 5,7%, reflejando presiones veraniegas que impactan desigualmente según la zona.
La raíz del problema radica en la medición nacional del INDEC, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/2005, que subestima el peso actual de servicios como tarifas, transporte y comunicaciones, que hoy representan una mayor porción del gasto familiar. Esta obsolescencia hace que el IPC oficial muestre una inflación menor a la real, especialmente en regiones con mayor dependencia de subsidios o bienes importados. Analistas estiman que, con una canasta actualizada (basada en 2017/2018), el índice de enero habría sido del 3,4%, revelando un rezago que distorsiona la percepción económica.
Esta falta de confiabilidad perjudica a todos: los trabajadores ven salarios ajustados por un índice subestimado, lo que erosiona el poder adquisitivo; los inversores dudan de las proyecciones macroeconómicas; y el Gobierno enfrenta críticas por no transparentar datos, alimentando sospechas de manipulación similar a episodios pasados. En un contexto de desinflación tentativa, con expectativas del REM del BCRA en 21% para los próximos 12 meses, el rezago regional complica políticas uniformes. Por caso, mientras CABA y el Gran Buenos Aires esperan un 33,5%-35% anual, el interior proyecta 29,5%, destacando brechas que agravan desigualdades.
Expertos coinciden en que actualizar el IPC es urgente para alinear con estándares internacionales y evitar que el rezago estadístico frene el acceso a financiamiento externo, como pide el FMI. Sin embargo, el Gobierno optó por postergar cambios hasta consolidar la baja inflacionaria, priorizando estabilidad aparente sobre precisión. Esta decisión, criticada en redes y foros económicos, perpetúa un sistema que, en lugar de informar, oculta realidades dispares.
En síntesis, las disparidades entre CABA (3,1%), provincia de Buenos Aires (alrededor del 2,9%) y regiones como el Noreste (3,8%), Noroeste o Patagonia (con variaciones por encima del promedio en alimentos) ilustran un país fragmentado económicamente. La medición nacional, anclada en datos vetustos, no solo pierde credibilidad, sino que genera perjuicios concretos: mayor pobreza en zonas vulnerables, ajustes insuficientes en jubilaciones y un debate público envenenado por desconfianza. Urge una reforma para que el INDEC vuelva a ser un faro de transparencia, beneficiando a todos los argentinos en su lucha contra la inflación persistente.
La polémica renuncia de Marco Lavagna al INDEC
Marco Lavagna presentó su renuncia el 2 de febrero de 2026, tras seis años al frente del INDEC (Desde la gestión de Alberto Fernández), en medio de tensiones por la implementación de un nuevo IPC con canasta actualizada (ENGHo 2017/2018). Lavagna defendía su aplicación inmediata para enero, que habría mostrado una inflación del 3,4%, pero el Gobierno, liderado por Javier Milei y Luis Caputo, la postergó hasta consolidar la desinflación, evitando acusaciones de manipulación.
Fuentes indican que Lavagna se negó a frenar la publicación, priorizando transparencia sobre timing político. Su salida, oficializada por decreto 91/2026, con Pedro Lines como reemplazo, reavivó fantasmas de intervenciones pasadas, criticadas por oposición y analistas como un retroceso en autonomía estadística. Lavagna dejó un mensaje interno destacando logros, pero su dimisión expone pugnas internas: el nuevo índice reflejaría mejor subas en tarifas y servicios, chocando con el discurso oficial de baja inflacionaria. La controversia, amplificada en redes, cuestiona la credibilidad del organismo y su rol en la economía.
