El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declaró el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos. Una gran mayoría de esos empleados ya están en situación de despido. Esta situación se da a partir de la decisión del gobierno anarco capitalista del presidente Javier Milei de para totalmente la obra pública financiada por la Nación en toda la Argentina. Las provincias, como el caso de Misiones, hacen malabares para mantener la obra pública necesaria para el desarrollo.
Integrantes de la CAMARCO dijeron que «la excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción motivó la realización de una Reunión Extraordinaria del Consejo Federal» que declaró el Estado de Emergencia en todo el país para el sector y reclamó a las autoridades nacionales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados.
El Consejo Federal es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país, y sus Delegaciones.
Los Consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal; y emitieron una cruda Declaración en la que señalaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general.
CAMARCO representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa, con un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional.
La declaración de Estado de Emergencia señala que: No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses.
Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica.
El país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023 agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos.
En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones.
Por ello, el Consejo Federal declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas Delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.
Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector.
Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos.