Mayor responsabilidad para las plataformas digitales
El proyecto apunta a reformar la Ley de Defensa del Consumidor para obligar a las plataformas a verificar la identidad, domicilio y situación fiscal de sus vendedores. Uno de los puntos más sensibles es la exigencia de documentación aduanera: si un producto es importado, la plataforma deberá conservar el despacho de importación que acredite su ingreso legal al país; de lo contrario, la venta no podrá concretarse.
Esta medida busca cerrar el vacío legal que hoy permite el avance de canales informales frente al comercio establecido. La Secretaría de Industria y Comercio sería la encargada de aplicar sanciones basadas en el Código Aduanero y las leyes de Lealtad Comercial.
El respaldo de las cámaras: CAME y CAC
Desde el sector privado, las declaraciones han sido contundentes a favor de establecer reglas claras para el ecosistema digital:
Fabián Hryniewicz (CAME): El director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa enfatizó a Ámbito: “Es muy bienvenido este proyecto de ley porque era hora de empezar a poner ciertos límites a todas las plataformas digitales que compiten de manera desleal con el comerciante de proximidad, que es el que tributa y genera empleo”. Asimismo, advirtió que el volumen de importación de ropa usada es «realmente alarmante» y pone en riesgo la salud pública y la industria nacional.
Natalio Mario Grinman (CAC): El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios valoró toda iniciativa que combata la informalidad: “El libre comercio no puede confundirse con la tolerancia a prácticas ilegales que perjudican la competencia y desalientan la inversión”. Si bien Grinman destacó las políticas de modernización del gobierno de Javier Milei, subrayó que estas deben darse en un marco de legalidad: “Es necesario dar una discusión seria y equilibrada sobre los mecanismos más eficaces para enfrentar la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular”.
Ampliación del debate
Desde CAME adelantaron que buscarán que el alcance de la ley no se limite únicamente al rubro textil, sino que se extienda a sectores como ferretería, electricidad y electrónica, donde el contrabando también afecta gravemente la rentabilidad de los comercios formales. Por su parte, la CAC reiteró su disposición para colaborar con las autoridades para fortalecer un comercio transparente que favorezca el empleo y el crecimiento económico sostenido.