La gravedad de esta reforma radica en la desaparición de controles específicos que evitaban la adulteración y el deterioro de la yerba en las etapas de secado y acopio. Entre las normas que se eliminan, se destacan las disposiciones que obligaban a un seguimiento estricto sobre el manejo de la hoja verde y los procesos de estacionamiento, lo que antes servía para evitar que yerba de baja calidad o «ardida» ingresara a la cadena comercial. Al suprimir estas reglas, el Estado delega la responsabilidad de la salud del producto en la «iniciativa privada», eliminando sanciones y barreras administrativas que protegían al eslabón más débil y al consumidor final.
Específicamente, desaparecen los controles previos sobre el flujo de comercialización que permitían detectar mezclas indebidas antes de que el producto sea procesado. La resolución abroga artículos centrales del Reglamento de Control de Calidad que regulaban cómo y dónde se debía almacenar la yerba canchada para evitar contaminaciones. Ahora, la intervención del INYM solo será excepcional, ocurriendo únicamente cuando ya existan indicios de falta de inocuidad, lo que transforma un sistema de prevención en uno de reacción tardía ante posibles riesgos sanitarios.
Esta desregulación también afecta la pureza del producto al flexibilizar la vigilancia sobre la separación de palos gruesos y materiales extraños durante el secado. Al eliminar las Resoluciones 152/2021 y 373/2021, se borra el marco que definía con precisión las exigencias de infraestructura mínima para garantizar la higiene en los depósitos. En este nuevo escenario, el mercado queda expuesto a una competencia donde la reducción de costos en los controles de calidad podría primar sobre la excelencia del producto, afectando el prestigio de la yerba mate argentina.
El Directorio del INYM ya advirtió que este desmantelamiento normativo es solo el comienzo de una adecuación progresiva a los lineamientos del Gobierno Nacional. Para la industria, esto representa una pérdida de reglas claras y una desprotección frente a la entrada de materias primas que no cumplan con los estándares que antes se exigían de manera obligatoria. La incertidumbre crece entre los productores, quienes ven cómo el sistema de fiscalización que llevó años construir se desmorona en pos de un ajuste que ignora las particularidades sanitarias de la actividad.