El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Ricardo Wechsler, presentó la apelación ante la Corte Suprema, al entender que el entonces primer mandatario tuvo «todo el poder» para evitar los asesinatos «y no lo hizo». El recurso extraordinario fue presentado ante la Cámara de Casación, que deberá resolver si habilita el camino a la Corte y en caso contrario quedará ir en queja al máximo tribunal del país, informaron fuentes judiciales.
Wechsler consideró «inadmisible» sostener que De La Rúa «no conociera los acontecimientos que sucedieron luego de las 22.41 de aquel 19 de diciembre en que anunciara por cadena nacional el estado de sitio.
«La magnitud de las manifestaciones espontáneas por parte de la ciudadanía, denominados como ´cacerolazos´, le imponían cuanto menos indagar sobre el desarrollo de las mismas y el consecuente despliegue policial», según la apelación.
Agregó que De la Rúa «conocía las acciones de la fuerza o debía conocer (por la gravedad de la medida adoptada y la falta de instauración de carriles de comunicación) y tenía todo el poder para evitarlo y no lo hizo».
De La Rúa quedó sobreseído en la causa por cinco homicidios culposos y centenares de heridos porque la sala I de Casación rechazó un recurso de la fiscalía y querellas del caso donde ya fueron enviados a juicio oral el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos.
En el recurso extraordinario, que de ser habilitado en Casación llegará a la Corte, el fiscal apuntó a un «estado de sospecha» todavía vigente en el caso del ex presidente.
Recordó que el ex jefe de la SIDE, Carlos Becerra, declaró que las detonaciones de la represión policial a manifestantes en Plaza de Mayo se escuchaban «desde los despachos de Casa de Gobierno» donde estaba De La Rúa con «los televisores encendidos».
«La existencia de funcionarios ineficaces, los informes disfrazados sobre los acontecimientos, la existencia de reuniones para mantenerse en el cargo, no justifican de ningún modo la desvinculación del máximo responsable de la situación generada, avalada por una intencionada miopía sobre los hechos», apuntó el fiscal en su escrito.
La causa por los asesinatos a manos policiales de diciembre de 2001 está cargo del juez federal Claudio Bonadio e investiga los crímenes de Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva y Carlos Almirón.