Se cumple este lunes el primer aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional de Honduras Manuel Zelaya y abrió una crisis interna e internacional aún no resuelta, pese a la elección del actual mandatario, Porfirio Lobo, reconocido por Estados Unidos pero no por la mayoría de los países sudamericanos. Cuatro días antes del golpe, el Congreso hondureño había aprobado una ley que legalizó el llamado a consulta popular para el mismo 28 de junio de 2009, para que la ciudadanía se expresara sobre la iniciativa de Zelaya de realizar, simultáneamente con las elecciones presidenciales de noviembre, un referendo -la llamada «cuarta urna»- sobre la pertinencia de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución.
Esa iniciativa desató el golpe: Zelaya destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velázquez, por negarse a mover el material electoral para esa consulta, y la Corte Suprema de Justicia ordenó restituir en su cargo al máximo jefe militar y calificó de «traidor a la patria» al mandatario.
El candidato presidencial del Partido Liberal -el mismo de Zelaya-, Elvin Santos, y la Conferencia Episcopal de Honduras, pidieron al pueblo que no asistiera a esa consulta.
Finalmente, en la madrugada del 28, tropas al mando del teniente coronel René Herpburn Bueso detuvieron a Zelaya en su domicilio, lo llevaron a la base militar estadounidense de Palmerola, a 80 kilómetros de Tegucigalpa y, finalmente, lo llevaron por vía aérea a Costa Rica.
Ese mismo día, el Congreso aceptó una falsa carta de renuncia de Zelaya y nombró en su reemplazo al titular del Legislativo, el diputado Roberto Micheletti, mientras los militares ocupaban Tegucigalpa y decenas de miles de simpatizantes del mandatario depuesto desafiaban el toque de queda establecido por 48 horas, con el saldo de dos muertos, varios heridos y cientos de detenidos por una violenta represión.
Organizaciones de campesinos, estatales, maestros, indígenas y universitarios, fuerzas políticas minoritarias y una parte del tradicional Partido Liberal (el de Zelaya, pero también de Micheletti), constituyeron el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió la restitución de Zelaya en el gobierno y, ante la negativa del dictador Micheletti, la Organización de Estados Americanos (OEA), por unanimidad, excluyó a Honduras de entre sus miembros el 4 de julio.
Un día después, Zelaya realizó su primer intento de retorno, pero el aterrizaje de su avión fue impedido en Tegucigalpa por camiones del Ejército, cuyos efectivos dispararon sobre una multitud calculada en unos 500.000 hondureños que habían acudido a recibir al mandatario.
Las balas de los militares mataron a un joven de 19 años e hirieron a una decena de personas, y luego fueron detenidos más de 600 manifestantes, mientras la dictadura cerraba la radio Globo y el Canal 36 de televisión. Zelaya realizó un segundo intento de regreso el 24 de julio, desde la frontera con Nicaragua.
Ingresó con cientos de simpatizantes y fue recibido por otros miles pero, finalmente, fue obligado a retroceder nuevamente.
A partir de allí, miles de manifestantes se movilizaron diariamente en Tegucigalpa y las principales ciudades del país, mientras La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constataba la existencia de por lo menos 10 muertos por la represión, más de 400 heridos y miles de detenidos arbitrariamente.
Paralelamente, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, con anuencia de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, intentaba una mediación que fracasó en distintas etapas y que sólo sirvió para que la dictadura ganara tiempo, mientras iniciaba la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre sin permitir el retorno de Zelaya.
La campaña fue iniciada en agosto, sin supervisión internacional ni libertad de expresión, y con violaciones de derechos humanos, como las perpetradas contra muchos de los más de 100.000 hondureños que se volcaron a las calles aledañas a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, a donde Zelaya ingresó el 21 de septiembre.
Dos muertos y miles de detenidos fueron el saldo de esa represión, mientras el gobierno de facto sumaba el toque de queda indefinido a la ya establecida suspensión de las garantías individuales (estado de sitio) en medio de la campaña electoral.
Finalmente, el 29 de noviembre se impuso Porfirio Lobo, del conservador Partido Nacional (56,56 por ciento de los votos) sobre Elvin Santos, del dividido Partido Liberal (38,09), pero con una abstención -a la que llamó la resistencia- de algo más de 50 por ciento, según cifras oficiales, aunque fuentes de organismos de derechos humanos la ubicaron por encima de 60 por ciento.
El gobierno de Estados Unidos, que inicialmente cuestionó el derrocamiento de Zelaya pero no lo definió como golpe de Estado -por lo que no suspendió su ayuda económica-, terminó reconociendo, a diferencia del grueso de los países sudamericanos, el proceso electoral y el gobierno de Lobo.
Tras su asunción, el 27 de enero de este año, Lobo permitió que Zelaya saliera ese mismo día del país y decretó una amnistía supuestamente para las dos partes del conflicto, pero que en los hechos sólo benefició a los militares golpistas, mientras se mantuvo hasta ahora la estructura institucional que apoyó el golpe (la Corte Suprema y la Fiscalía General).
Por eso, un supuesto llamado a la «reconciliación nacional» formulado por Lobo no parece facilitar el regreso sin persecución de Zelaya ni incorporó a la resistencia antigolpista como parte protagónica de la crisis desatada hace un año.