La ministra jefa de la Casa Civil, Erenice Guerra, presentó su renuncia «irrevocable» al cargo, acosada por las denuncias opositoras de tráfico de influencias y corrupción, que amenazaban con afectar la candidatura de la oficialista Dilma Rousseff a la presidencia.
La salida del gobierno de la ex asesora de Rousseff se oficializó el jueves cuando el vocero de la Presidencia, Marcelo Baumbach, leyó en el Planalto la carta de renuncia, y anunció que el cargo será cubierto interinamente por el secretario ejecutivo de la casa, Carlos Eduardo Esteves Lima.
El portavoz informó, según reflejaron los diarios Folha, Estado y Globo, que el mandatario tiene una semana para decidir quién sucederá a Guerra en el cargo, aunque se especula con que la elegida será la actual coordinadora general del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), Miriam Belchior, también de la Casa Civil.
La crisis de gobierno se desató en la recta final de la campaña hacia las elecciones del 3 de octubre a instancias de las denuncias por tráfico de influencias y pedido de coimas sobre el hijo de la hoy renunciada ministra, Israel Guerra, quien habría realizado lobby desde su cargo de asesor en favor de una empresa aérea para ganar un contrato con el Estado.
A pesar de los embates del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la candidata oficialista mantiene una amplia ventaja en las encuestas de opinión que le auguran un triunfo cómodo en la primera vuelta el 3 de octubre, lo que demuestra que su imagen no resulta afectada por las denuncias.
El director de Datafolha, Mauro Paulino, dijo a Télam que la última encuesta, que da una diferencia de 51 a 27 por ciento en favor de Rousseff sobre Serra, demuestra que las denuncias «no afectan» la imagen de la candidata del PT y que mantiene «un escenario muy consistente» de triunfo.
Pero por la sucesión de imputaciones, Erenice Guerra presentó este mediodía su renuncia a Lula da Silva con una carta en la que denucia «una campaña de descalificación» contra ella y su familia que responden a «pasiones electorales que no pueden justificar el vale todo», por lo que requiere «paz y tiempo» para defenderse.
La Casa Civil es el ministerio político más importante de la Presidencia, y Guerra ocupó ese cargo por 70 días, luego de ser la secretaria ejecutiva de Rousseff, y encaminar varios de los principales proyectos del gobierno de Lula da Silva.
Los medios brasileños dan cuenta también de una reunión previa de Guerra con el ministro de Comunicación, Franklin Martins, quien le planteó a la funcionaria que su situación se había vuelto insostenible por el grado de vinculación que tuvieron ex asesores y ex familiares.
En las últimas horas, el candidato del PSDB, José Serra, y el presidente del partido Sergio Guerra, habían reclamado la renuncia de la titular de la Casa Civil, al momento de los hechos denuciados asesora de Rousseff, para facilitar las investigaciones que parecen involucrarla directamente.
El titular del PSDB dijo que la renuncia de la ministra Erenice es «una solución política del Planalto. Es evidente que hicieron la evaluación de que ella iba a causar mucho daño» a la campaña de Rousseff, quien «la había elegido» como su principal auxiliar en la Casa Civil.
Más temprano, Guerra había divulgado una nota en la que planteaba que «las investigaciones sobre las crecientes denuncias (…) no pueden ser hechas con la actual ministra en el cargo. Su apartamiento es esencial y debe ser inmediato».
Por su parte, Paulo Bornhausen, el líder del partido Demócratas -principal aliado del PSDB- reclamó que la candidata Rousseff también sea investigada por las denuncias que involucran a la ex ministra Guerra, y por el escándalo del «mensalao» en el gobierno federal que en 2005 llevó a la renuncia al ex ministro de la misma Casa José Dirceu.
El diario Folha de San Pablo publicó hoy la declaración de Rubén Quícoli, de la empresa paulista EDRB, quien afirmó que el hijo de la ministra Guerra le exigió el pago de una comisión del 5 por ciento para facilitar un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Según Quícoli, quedó «horrorizado por tener que pagar 40 mil reales mensuales» tras la reunión que se realizó en oficinas del ministerio de la Casa Civil, principal cartera del gobierno, y en la que se le solicitó la «comisión».
Quícoli aseguró que «la ministra estaba al tanto del proyecto» que el empresario presentaba en busca de financiamiento, e incluso dijo que «participó de una de las reuniones», pero que al momento del pedido de coima no pudo ser del encuentro por cuestiones de agenda.
La Policía Federal también investiga otro presunto soborno en el que estaría vinculado Guerra y su empresa Capital Consultoría, cobrado a una compañía de transporte de cargas para renovar un contrato con el Correo estatal, denucia que pidió ser investigada por la Procuraduría General de la República.
El líder del PT en la Cámara de Diputados, Fernando Ferro, consideró «lamentable» la renuncia de Guerra y atribuyó la decisión a la intención de «evitar el uso electroral» del caso.