La Argentina reafirmó sus imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional, al cumplirse el lunes 178 años de la «ocupación ilegal» por parte del Reino Unido.
«Hace 178 años, el 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, desalojando por la fuerza a sus pobladores y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. Ese acto de fuerza se protestó inmediatamente y nunca fue consentido por la República Argentina. Esta ocupación continúa desde entonces», señaló la Cancillería en un comunicado.
De esta forma, «el Gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional».
Agregó que si bien «la Argentina y el Reino Unido concluyeron entendimientos bilaterales de carácter provisorio sobre cuestiones prácticas relacionadas con el Atlántico Sur, bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía, persiste la renuencia del Reino Unido a abordar la cuestión de la soberanía».
Además, persiste «la reiterada realización de actos unilaterales británicos en el área disputada. Esos actos unilaterales ilegales incluyen actividades de explotación y exploración de recursos naturales renovables y no renovables, así como ejercicios militares, con disparos de misiles desde las Islas Malvinas en violación de las normas de seguridad de la navegación adoptadas en el marco de la Organización Marítima Internacional», señaló.
«Estas acciones unilaterales han sido cuestionadas por organizaciones regionales y birregionales que incluyen el MERCOSUR, la UNASUR, el Grupo de Río, la Cumbre de América Latina y el Caribe y la Cumbre Iberoamericana», destacó la Argentina.
Para la Argentina, «esas actividades constituyen un obstáculo insalvable a la continuación y desarrollo de la cooperación bilateral en esos entendimientos provisorios por contradecir su espíritu y letra, así como la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU que insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando el proceso recomendado en las resoluciones pertinentes».
«La República Argentina considera incomprensible la negativa británica a abordar la cuestión de fondo para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía, conforme el mandato de la comunidad internacional», enfatizó Reiteró, en ese marco, «su permanente y sincera disposición a reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido para hallar una solución definitiva a la disputa de soberanía y poner fin a una anacrónica situación colonial incompatible con la evolución del mundo moderno».
El Gobierno considera la «Cuestión Malvinas» y el reclamo de soberanía sobre las islas como una política de Estado y, en ese sentido, privilegia la búsqueda de la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido, a fin de lograr una solución pacífica a la disputa.
La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional expresa que la Argentina «ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional».
Agrega que «la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
El gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y el actual de Cristina Fernández de Kirchner reafirmó la política de Estado respecto a la «Cuestión Malvinas», privilegió la búsqueda de la reanudación de las negociaciones y prosiguió con el cumplimiento de los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía.
Los vínculos diplomáticos se reanudaron en febrero de 1990, a partir de las Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y 1990, que adoptaron una fórmula de salvaguardia de soberanía y jurisdicción sobre las Islas y los espacios marítimos circundantes, y diversos entendimientos provisorios sobre cuestiones prácticas relacionadas con el Atlántico Sur.