La medida adoptada por la Agencia Tributaria Misiones (ATM) es vista como un paso correcto, pero insuficiente frente a un escenario donde la recesión económica y el endeudamiento de las familias argentinas han paralizado el motor del comercio interno.
La entidad empresaria considera que los mecanismos de percepción anticipada funcionan en la práctica como una “aduana interna” que drena el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Según Lourenzo, estos sistemas generan saldos a favor millonarios que son imposibles de recuperar, inmovilizando recursos que hoy son vitales para la supervivencia diaria de los comercios. Por este motivo, el reclamo de CAME es que la medida de alivio en la zona aduanera especial no sea una tregua de un solo año, sino que se transforme en una política permanente para evitar que las pymes misioneras pierdan competitividad frente a otros mercados.
A pesar de la insistencia en una reforma fiscal que reduzca la carga de tasas municipales, contribuciones patronales y otros gravámenes, el diagnóstico de CAME sitúa la caída de la actividad económica como el factor determinante del cierre de locales. La lógica planteada por el dirigente es implacable: una exención total de impuestos no sirve de nada si no hay ventas que sostengan la estructura mínima de un negocio. La retracción del poder adquisitivo ha generado un efecto dominó que ya se siente con fuerza en las economías regionales y en ciudades como Posadas, donde la crisis industrial y comercial empieza a dejar persianas bajas.
El endeudamiento de los hogares es otro de los puntos rojos que alertan desde la confederación. El uso de tarjetas de crédito y plataformas digitales para financiar gastos corrientes con tasas elevadas ha limitado aún más la capacidad de consumo futuro, profundizando el ciclo recesivo. En este contexto, la modernización laboral o la reducción de cargas patronales pierden efectividad como incentivos para la creación de empleo, ya que ningún empresario contratará personal nuevo si no existe un movimiento económico que justifique ampliar la planta o la capacidad productiva.
Finalmente, el sector pyme busca establecer un canal de diálogo directo con legisladores nacionales para impulsar un consenso fiscal que detenga la proliferación de estas “malas prácticas” tributarias provinciales. Desde CAME subrayan que la situación es crítica y que el objetivo de visibilizar estos problemas no tiene tintes partidarios, sino que busca evitar un mayor deterioro del entramado productivo nacional. Sin una recuperación genuina del consumo, las pymes advierten que el cierre de empresas seguirá siendo una realidad inevitable en todo el país.
