El dato es alarmante: el año 2025 marcó un récord histórico de agresiones provenientes del Poder Ejecutivo, instalando una dinámica de intolerancia que pone en jaque los pilares básicos de la convivencia democrática.

La situación en la Casa Rosada fue descripta como una metáfora de la «Casa Tomada» de Cortázar. Según los testimonios de los acreditados, la supuesta reapertura de la sala de prensa es una farsa que oculta restricciones severas: ingresos por puertas laterales, prohibición de circular por pasillos y hasta la instalación de vidrios esmerilados para impedir que los cronistas vean lo que sucede en los patios de la sede de Gobierno. «No podemos ver nada: literalmente nada», denunció la periodista Liliana Franco, evidenciando que el objetivo del Gobierno no es el orden, sino la ceguera informativa para evitar el control de los actos de poder.

El nivel de violencia verbal que emana desde la cima del Estado ha generado un efecto dominó que trasciende las redes sociales. Paula Moreno, presidenta de FOPEA, advirtió con gravedad que el principal agresor es el propio Milei, cuyos insultos y etiquetas de «ensobrados» son imitados por sus seguidores, trasladando el acoso digital a las calles. Esta estrategia de denostación no busca corregir errores periodísticos, sino cancelar cualquier voz disidente. Como bien se señaló en el recinto, no se puede construir una democracia saludable bajo la imposición de un discurso único y el señalamiento público de quienes ejercen el oficio de preguntar.

La opacidad oficial se completa con una gestión discrecional de los recursos y la información. Desde distintos medios denunciaron que el Ejecutivo no solo restringe el acceso físico, sino que además retacea datos públicos y reparte pauta publicitaria bajo criterios arbitrarios. En este contexto de asfixia, las empresas periodísticas enfrentan una crisis terminal que, sumada a los salarios de hambre que perciben los trabajadores, configura un escenario de extrema vulnerabilidad. Sin un periodismo fuerte y con capacidad de investigación, la ciudadanía queda a merced de versiones oficiales sin contraste alguno.

Ante este panorama desolador, surge desde el Congreso un proyecto de ley para garantizar salas de prensa permanentes en los tres poderes del Estado, buscando blindar por norma lo que el autoritarismo intenta borrar por decreto. Los amparos judiciales presentados por medios como Ámbito y Tiempo Argentino son el último recurso de una profesión que se niega a ser domesticada. La advertencia final de los gremios fue contundente: sin periodismo no hay control de poder, y sin ese control, el futuro de la República queda bajo una sombra de incertidumbre que la sociedad argentina no puede permitirse naturalizar.