Bajo la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, los salarios de docentes y no docentes han sufrido una asfixia financiera sin precedentes, acumulando una pérdida del 32% de su poder adquisitivo. Se trata de un retroceso histórico que coloca los ingresos de los trabajadores universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años; una caída libre que retrotrae la situación a los peores días de la crisis del 2001 y pone al sistema al borde del apagón total.

El ajuste ejecutado por el Gobierno nacional no tiene matices: las transferencias a las casas de altos estudios registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Esta poda salvaje de recursos impacta directamente en el corazón del sistema, dado que el 87,9% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mientras la inflación acumulada desde la asunción de la actual gestión trepó al 280%, los sueldos apenas subieron un 158%. En términos prácticos, esta brecha significa que cada trabajador ha perdido el equivalente a más de siete sueldos mensuales en poco más de dos años.

La magnitud del descalabro es tal que, para recuperar apenas el nivel de compra que tenían antes de que asumiera el presidente ultraderechista Javier Milei, los salarios deberían aumentar un 47,3% de forma inmediata. Sin embargo, lejos de buscar una recomposición, el Ejecutivo impulsa una nueva ley de financiamiento que busca consolidar el ajuste y legalizar el recorte. Informes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL advierten que, de continuar esta política, la pérdida salarial real de los docentes podría profundizarse hasta el 38% para agosto de este año, empujando a miles de profesionales a abandonar las aulas por ingresos de indigencia.

Ante este escenario de tierra arrasada, la comunidad universitaria ha declarado el estado de alerta máxima y prepara una contraofensiva masiva. Para la última semana de abril, entre el 27 y el 2 de mayo, se ha convocado a un paro total de actividades que paralizará todas las facultades del país. Esta medida es solo el preludio de lo que se espera sea una movilización histórica: la nueva Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo 12 de mayo, donde se prevé que cientos de miles de estudiantes, docentes y ciudadanos salgan a las calles para defender una institución que el Gobierno parece decidido a desfinanciar hasta su desaparición.

La crisis no es solo sectorial; es un golpe al futuro del país. Con el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de convocatoria a paritarias libres, el conflicto ha escalado a un punto de no retorno. Desde las federaciones docentes denuncian que son 17 meses de pérdida ininterrumpida frente a la inflación, una agonía salarial que está desmantelando la excelencia académica argentina. Si no hay un giro drástico en la política oficial, el país corre el riesgo de ver cómo se apagan las luces de sus universidades por el simple hecho de que quienes las sostienen ya no pueden pagar el boleto para ir a dar clases.