La adjudicación, formalizada a través de la Disposición 2026-06694033, se tramitó mediante una «Adjudicación Simple por Especialidad», una modalidad que evitó la competencia con otros oferentes bajo el argumento de que la asociación de Rouillet es el «único prestador» capaz de garantizar capacitaciones de idioma. A pesar de que el expediente activó los protocolos de integridad por el evidente «vínculo positivo» (matrimonio) entre la proveedora y el ministro Sturzenegger, el contrato por cerca de 78.000 dólares fue ratificado sin miramientos. Resulta cínico que el presidente ultraderechista Javier Milei hable de terminar con los privilegios de la «casta» mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores firma acuerdos con la familia del funcionario encargado de ejecutar los despidos en el resto de la administración pública.

El contrato tiene una duración de nueve meses e incluye capacitación en inglés para 132 agentes, con un esquema de pagos que permite a la asociación de la esposa de Sturzenegger cobrar un adelanto del 40% del monto total apenas se perfeccione el acuerdo. Esta celeridad en el flujo de fondos estatales hacia la familia del ministro de Desregulación contrasta brutalmente con la parálisis salarial y la incertidumbre laboral que atraviesan los miles de empleados públicos que el propio Sturzenegger etiqueta como «prescindibles». Para el entorno del funcionario, el Estado es un cliente generoso; para el resto de los argentinos, es una estructura que debe ser demolida por el presidente ultraderechista Javier Milei.

No es la primera vez que se detectan estos vínculos en la actual gestión, pero la reincidencia de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa es notable: ya en 2024 habían obtenido otra orden de compra por más de 55 millones de pesos, aunque en aquel entonces no se publicó siquiera el «Pacto de Integridad» que hoy intentan usar como escudo ético. La ética de la desregulación que pregona el presidente ultraderechista Javier Milei parece detenerse en la puerta de los despachos oficiales, permitiendo que quienes impulsan la «motosierra» para los demás, se sienten a la mesa de las contrataciones públicas para recibir millones de pesos del erario que dicen querer proteger.

En definitiva, la adjudicación de 114 millones de pesos a la esposa de Federico Sturzenegger es un monumento a la hipocresía política de la era libertaria. Mientras se le pide sacrificio a la población y se celebra cada baja en la nómina del Estado como un triunfo de la libertad, el dinero de los impuestos termina en las cuentas de las asociaciones civiles que maneja el entorno familiar de los ministros. El relato del presidente ultraderechista Javier Milei contra el «Estado ladrón» se desmorona frente a un expediente oficial que confirma que, para algunos privilegiados, la caja del Estado sigue abierta, especialmente si el que firma es el encargado de cerrársela a todos los demás. (Noticias Argentinas)