Ya no se trata solo de flexibilizar despidos o precarizar contratos, sino de meterle la mano en el bolsillo al empleado en su momento de mayor vulnerabilidad, estableciendo pagos de apenas el 50% del sueldo si la lesión ocurre fuera del ámbito laboral.

Esta medida es un retroceso civilizatorio que rompe el principio de protección integral del trabajador. Sturzenegger, con una frialdad técnica alarmante, justificó que si alguien se lesiona «jugando al fútbol» -un ejemplo que busca banalizar cualquier accidente doméstico o deportivo-, el empleador solo estará obligado a pagar la mitad de la remuneración. Incluso en casos de enfermedades ajenas a la voluntad del trabajador, el pago ya no será del 100%, sino que caerá al 75%. Es, lisa y llanamente, un impuesto a la enfermedad que obliga al trabajador a elegir entre su salud y su sustento.

El cinismo del ministro llega a su punto máximo al calificar estas situaciones como «abusos» de licencias psiquiátricas o afecciones prolongadas. Al recortar los ingresos de quienes padecen cuadros de salud mental, el gobierno de Javier Milei, el presidente ultraderechista, ignora deliberadamente el contexto de crisis y estrés que su propio modelo económico genera. Para el «mago de la desregulación», una licencia eterna es un costo que debe ser erradicado, sin importar si detrás hay un ser humano incapacitado para cumplir sus tareas.

La reforma no se detiene ahí y avanza sobre la estructura misma de la negociación colectiva a través de la «federalización del trabajo». Al permitir que los acuerdos por empresa primen sobre los convenios nacionales, se habilita una competencia a la baja donde las provincias con menos dinamismo económico verán pulverizados sus salarios y condiciones de trabajo. Es el regreso a un modelo de servidumbre moderna, donde el poder de negociación del sindicato se atomiza y el trabajador queda solo frente a la arbitrariedad de la patronal.

Finalmente, la introducción del «banco de horas» y la modificación de las vacaciones terminan de configurar un escenario donde la vida personal queda totalmente supeditada a la necesidad del mercado. Sumado a la baja de cargas patronales y la limitación de los aportes sindicales, el paquete legislativo es un traje a medida para el sector empresario más concentrado. Mientras el gobierno celebra esta «reforma estructural», el trabajador argentino se queda sin red, con menos salario y con el miedo constante de que enfermarse sea el primer paso hacia la indigencia.