El reclamo de Herrera Ahuad marca un punto en la relación política (algo que antes podría haber sucedido pero la tranquilidad de sus compañeros de bloque no permitió), al señalar que la narrativa del «no hay plata» no puede ser una excusa para que las provincias carguen con todo el peso de la seguridad y la contención social.

“Otra vez ponen en manos de las provincias la responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, disparó el legislador de Innovación Federal. Para el misionero, el debate no debe agotarse en la cantidad de años de cárcel, sino en de dónde saldrán los fondos para equipos interdisciplinarios y centros de atención de adicciones, hoy desmantelados por el recorte nacional.

Como profesional de la salud, Herrera Ahuad desarmó el enfoque simplista de la reforma al recordar que un joven no es «un adulto en miniatura» y requiere políticas preventivas específicas. Cuestionó la desproporción presupuestaria: mientras se blindan partidas para el Ministerio Público Fiscal y de Justicia de la Nación, se desfinancian los centros de desarrollo infantil en el interior. «Hoy a los gobernadores se les dice ‘hagan esto’, sin decirles de dónde sacar la plata», sentenció, dejando en evidencia que el sistema de salud mental en Argentina está «totalmente desmembrado» bajo el actual modelo económico.

Desde la mirada misionera, la exigencia es de una claridad absoluta: el dictamen debe incluir un capítulo taxativo que garantice el flujo de fondos hacia las provincias. Herrera Ahuad fue tajante al separar la demagogia de la gestión real, aclarando que su postura no busca financiar más cárceles, sino crear centros modelo que recuperen la contención de niños y adolescentes. Sin recursos, cualquier reforma es, en la práctica, un nuevo ajuste disfrazado de política de seguridad.

En definitiva, el planteo de Herrera Ahuad expone la grieta entre el discurso de seguridad de la Casa Rosada y la realidad de las cajas provinciales. Sin un compromiso financiero por parte del Gobierno nacional, la reforma del régimen juvenil no pasará de ser una transferencia de conflictos hacia los gobernadores. El mensaje es pragmático: si el Estado nacional pretende imponer nuevas reglas de juego, deberá dejar de retener los fondos que corresponden a quienes finalmente deben poner el cuerpo y el presupuesto en el territorio.