Según explicó Delicia Olivera, presidenta de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM), cada establecimiento tendrá la potestad de decidir si aplica el ajuste de manera total desde el inicio o si lo desglosa escalonadamente a lo largo del año, dependiendo de su realidad financiera y los montos actuales de sus aranceles.
La cifra autorizada para este año debe leerse en contraste con el fuerte impacto que sufrió el sector en 2025, cuando los incrementos permitidos oscilaron entre el 45% y un pico del 70% para las cuotas más bajas. Aquel ajuste extraordinario fue el motor que empujó la inflación en educación en Misiones por encima del 60%, un fenómeno que puso a prueba la capacidad de pago de los tutores en toda la provincia. Sin embargo, lejos de producirse una migración hacia el sector público estatal, la tendencia muestra una fidelización y un crecimiento de la demanda en la gestión privada, que este año proyecta iniciar con más de 135.000 alumnos frente a los 125.000 del ciclo anterior.
¿Qué es una escuela de gestión privada?
Es fundamental diferenciar estas instituciones de un colegio privado «puro». En Misiones, las escuelas de gestión privada son establecimientos creados por asociaciones civiles, fundaciones o congregaciones religiosas que cuentan con el reconocimiento oficial del Estado. La característica distintiva es que el Gobierno provincial otorga aportes para cubrir total o parcialmente los salarios docentes, lo que permite que las cuotas sean sensiblemente menores a las de un mercado totalmente privado. A cambio, el Estado (a través del SPEPM) regula sus aranceles, supervisa sus contenidos pedagógicos y garantiza que cumplan con la normativa educativa vigente, funcionando como un sistema híbrido que complementa a la educación pública estatal.
Pese a que las inscripciones ya se habían registrado con niveles muy altos y los costos de los uniformes y útiles presionan el bolsillo, la demanda de bancos en estos establecimientos continúa en ascenso. Este fenómeno resulta significativo en un contexto de retracción económica nacional; las familias misioneras siguen apostando por este modelo que combina el respaldo estatal con la organización privada, lo que ha generado una presión adicional sobre las vacantes disponibles. Desde AIPEM destacan que este aumento de 10.000 nuevos estudiantes refleja una confianza sostenida en el sistema, a pesar de que el tope del 45% podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de los costos operativos en algunos casos.
Para mitigar el impacto en las familias más comprometidas, las escuelas han comenzado a implementar planes de pago específicos, opciones de financiación y sistemas de becas internas. Olivera remarcó que existe un compromiso por «cuidar a la comunidad educativa», entendiendo que la situación económica es delicada para todos los actores. En este sentido, el SPEPM mantendrá un control estricto sobre las declaraciones juradas presentadas por cada colegio, garantizando que el techo del 45% sea respetado y que no se produzcan cobros abusivos que excedan lo pactado en las mesas de diálogo.
Con el regreso de los docentes previsto para el 23 de febrero y el inicio de clases el 2 de marzo, el sector se prepara para un ciclo de alta intensidad. Las jornadas institucionales y las capacitaciones en alfabetización marcarán la hoja de ruta de un año que arranca con las aulas llenas pero con la incertidumbre lógica de cómo evolucionará la capacidad de pago de las familias frente a los próximos aumentos. La educación en Misiones, que ya viene de un año de registros inflacionarios históricos, vuelve a ser el centro de la escena económica familiar antes de que suene el primer timbre del año.
