Bajo el argumento de alcanzar el superávit fiscal, el Gobierno eliminó la segmentación por niveles de ingresos y avanzó hacia un modelo donde los descuentos son más limitados y los excedentes de consumo se pagarán a precio pleno. Este cambio, sumado a la salida de Marco Lavagna del INDEC, ocurre en medio de una fuerte polémica por la implementación de un nuevo índice de inflación que dará mayor relevancia al costo de los servicios públicos en la medición oficial.

El nuevo esquema «binario» del gobierno nacional barre con las categorías anteriores para dividir al país simplemente en usuarios subsidiados y no subsidiados. Para mantener el beneficio, un hogar ahora debe ganar menos de 3,6 millones de pesos, pero incluso quienes califiquen verán un recorte real en la asistencia: el subsidio en la luz bajó al 50% y solo cubre un bloque básico de consumo. Si una familia se excede de los 150 kWh en meses templados o 300 kWh en verano, cada unidad adicional de energía será facturada sin ningún tipo de ayuda estatal.

En el caso del gas, la política del presidente ultraderechista Javier Milei es todavía más agresiva con el consumo hogareño. Los subsidios del 50% quedarán restringidos exclusivamente al periodo que va de abril a septiembre, eliminando cualquier beneficio durante los meses cálidos bajo la premisa de que la demanda disminuye. Esto implica que, a partir de febrero, los usuarios ya sufrirán aumentos promedio del 16,86% a nivel nacional, un salto que busca sincerar el precio del fluido y quitarle presión a las cuentas del Estado.

La reestructuración no solo afecta el monto final de las facturas, sino que también incluyó una «limpieza» masiva del padrón de beneficiarios. Según los datos oficiales, el Gobierno dio de baja a 2,6 millones de hogares del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), tras detectar irregularidades que incluían desde personas fallecidas hasta usuarios residentes en barrios cerrados. Esta depuración es la punta de lanza de la «motosierra» energética que busca trasladar el costo real de la generación y distribución de energía directamente al consumidor final.

Finalmente, la controversia técnica en el INDEC añade una capa de incertidumbre sobre cómo se reflejarán estos aumentos en las estadísticas oficiales. El retraso en el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cuenta con el aval del FMI, sugiere una tensión interna sobre el momento político para transparentar el peso de los servicios públicos. Mientras tanto, la realidad de las casas argentinas en 2026 estará marcada por una transición donde los descuentos se irán diluyendo mes a mes, consolidando un modelo de tarifas altas y asistencia mínima.