Desde la central obrera, el cosecretario general Jorge Sola fue tajante al señalar que existe una «creciente consciencia» de que este proyecto empeorará la situación social. Para el sindicalismo, la reforma no solo es un ataque directo a la Constitución Nacional, sino una maniobra para desviar la atención de una política económica que prioriza lo financiero sobre la producción. «Se pretende profundizar la precariedad y eliminar derechos consagrados», advirtió Sola, quien además apuntó que la crisis de las pymes no se debe a la legislación laboral, sino al derrumbe del consumo y al endeudamiento promovido por la gestión actual.
Por su parte, el sector empresarial representado por CAME ha puesto la mira en puntos técnicos que consideran una bomba de tiempo legal. El presidente de la entidad, Ricardo Diab, cuestionó duramente el fin de la ultraactividad (la vigencia de los convenios colectivos hasta que se negocie uno nuevo) y la modificación de los aportes patronales. Según CAME, permitir que los convenios caigan «de un día para otro» o que los aportes sean voluntarios, como proponen los artículos 126 al 132, podría llevar a la desaparición de las organizaciones gremiales y empresariales tal como se conocen, disparando conflictos legales que las pymes no están en condiciones de afrontar.
El proyecto también introduce cambios drásticos que afectan el día a día del trabajador, como el reemplazo de las horas extras por un «banco de horas» y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para sustituir las indemnizaciones tradicionales. Estas modificaciones, sumadas a la reducción de alícuotas en Ganancias para sociedades —que afecta directamente la coparticipación de las provincias— han puesto en alerta a los gobernadores. La CGT ya inició una ronda de visitas a los mandatarios provinciales para convencerlos de que sus legisladores no acompañen una reforma que consideran «herida de muerte» por su futura judicialización.
En definitiva, la reforma laboral de Milei enfrenta una resistencia técnica y política que amenaza su viabilidad en el Congreso. Mientras el Gobierno apuesta a una desregulación total para atraer inversiones, tanto los representantes de los trabajadores como los de las pymes coinciden en que el texto actual genera un escenario de desprotección y riesgo jurídico. Sin un consenso mínimo sobre la estabilidad de los convenios colectivos y el respeto a la jerarquía constitucional, la «modernización» propuesta corre el riesgo de convertirse en el detonante de una mayor conflictividad social y económica.
