La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que se revoque su procesamiento y ser sobreseída en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, al argumentar que se trató de una decisión «política» ajena al ámbito de lo judiciable y que ella no obtuvo «rédito personal» con esas operatorias.
Además, pidió a la Sala II de la Cámara Federal porteña que deje sin efecto la inmovilización de sus cuentas bancarias y activos financieros dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, en un escrito de 55 carillas presentado por su abogado Carlos Beraldi.
El defensor tildó de «arbitraria» y violatoria «del derecho de la propiedad» la medida tomada contra las cuentas de Cristina el 7 de julio pasado, cuando ella en persona se negó a cumplimentar el embargo de 15 millones de pesos impuesto en la causa.
La defensa de Cristina entregó el escrito ante la Cámara en el marco de la audiencia previa a resolver si se confirma o no el procesamiento dictado por Bonadio el 13 de mayo de 2016 contra ella y otros 14 acusados, entre ellos el ex ministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional, Axel Kicillof.
Se trata del primer procesamiento dictado contra la ex Presidenta de la Nación, quien además está imputada y con pedido de declaración indagatoria en causas que investigan delitos con la obra pública vinculados al detenido empresario Lázaro Báez.
Tanto Kicillof como el también procesado ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y otros diez acusados presentaron su apelación por escrito e insistieron en que la venta de dólar futuro se trató de una decisión política no judiciable.
De los 15 procesados, sólo dos pidieron hablar ante los jueces del Tribunal: el todavía directivo del Banco Central Pedro Biscay y el ex vicepresidente de esa entidad, Miguel Angel Pesce, quienes se presentaron en los tribunales de Retiro y expusieron en una audiencia que duró una hora y media.
A todos se les imputa «administración infiel en perjuicio de la administración pública» con un embargo de 15 millones de pesos.
En el procesamiento, según la defensa de la ex presidenta, el juez usó argumentaciones «exclusivamente políticas» e «impropias de una resolución judicial».
«El incremento de las operaciones de dólar futuro en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) obedeció a la decisión política de sostener un tipo de cambio, garantizando la estabilidad de la moneda nacional y el correcto desarrollo de la economía», defendió el abogado.
En este sentido, advirtió que se trató de decisiones «políticas no justiciables».
Además, en su presentación, sostuvo que el procesamiento contra la ex Presidenta formó parte de una «maniobra delictiva» denunciada por ella y bajo investigación vinculada a la devaluación del dólar, que benefició a los tenedores de dólar futuro.
También, recordó que Bonadio fue denunciado por la ex Presidenta por prevaricato, en una causa a cargo del juez federal Sergio Torres.
«A diferencia de diversos funcionarios del actual gobierno y empresarios allegados al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner no obtuvo rédito personal alguno a través de la celebración de contratos de dólar futuro, lo cual da cuenta de que nunca ha obrado con el fin de procurar para sí un lucro indebido», sostuvo su abogado en el escrito.
Allí, insistió en afirmar que el procesamiento de su defendida «se trata de un nuevo acto jurisdiccional ilícito del cual no pueden derivarse consecuencias jurídicas válidas a la vista que el mismo carece de fundamentos probatorios y jurídicos serios que permitan justificar el temperamento procesal adoptado».
Beraldi consideró que el juez hizo «consideraciones de naturaleza exclusivamente política, particularmente en materia monetaria y cambiaria, las cuales resultan totalmente impropias de una resolución judicial, ingresándose en una órbita ajena al Poder Judicial».
La causa contra la ex presidenta se abrió a raíz de una denuncia del 30 de octubre del año pasado presentada por los entonces presidentes del bloque de diputados de la UCR y el PRO; Mario Negri y Federico Pinedo.
Ambos, sostuvieron que el Banco Central vendió contratos de dólar futuro por unos 16.000 millones de dólares «a sabiendas de que una mínima fluctuación negativa de la moneda nacional frente al dólar sometería a la autoridad monetaria a un riesgo sin precedentes».
Tras la presentación de las apelaciones, la Cámara quedó en condiciones de resolver, aunque antes pedirá a Bonadío toda la causa judicial para analizarla, según adelantaron a Télam fuentes del Tribunal de Apelaciones.
Télam