Un fallo del Supremo Tribunal Federal y cinco decisiones del Congreso dieron a la presidenta de Brasil un respiro ante las iniciativas destinadas a formarle juicio político con el propósito de destituirla.
El STF hizo lugar a un recurso presentado por el diputado Wadih Damous, del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, para que se exija una mayoría especial en el Congreso para aprobar la iniciación de un juicio político.
Más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, rechazó cinco solicitudes para iniciarle juicio político a la mandataria, por considerar que no cumplieron las exigencias formales necesarias, informó la oficina del legislador.
Cunha ya había denegado seis pedidos similares y aún tiene pendiente de decisión otros tres, uno de las cuales es promovido por un grupo de juristas integrado por Helio Bicudo, uno de los fundadores del PT.
No obstante esas decisiones, continuaba la tensión entre el oficialismo y la oposición. En ese contexto, voceros del gobierno advirtieron que la destitución de Rousseff supondría una «ruptura constitucional» y propusieron restablecer el diálogo para evitar una «guerra fratricida».
Al hacer lugar al recurso interpuesto por Damous, el juez del STF Teori Zavaski determinó que un pedido de juicio político debe ser avalado por tres quintas partes de la Cámara de Diputados y no por mayoría simple, como sostenía Cunha en una interpretación del reglamento del cuerpo legislativo.
En su resolución, el juez también solicitó a Cunha que explique su interpretación del reglamento. Eso indica que el STF no dio por cerrado el caso y para tener un criterio definitivo esperará la respuesta del legislador, que de todos modos tiene otras vías procesales para dar curso al juicio político.
Horas después de conocido el fallo de Zavaski, la también jueza del STF Rosa Weber hizo lugar a otro recurso de amparo similar.
Brasil había amanecido hoy marcado por un clima político tenso, con una reunión entre Cunha y dirigentes opositores en la que se ajustó la estrategia para dar curso al inicio del proceso de juicio político.
El acuerdo establecía que Cunha iba a anunciar que denegaba el pedido de Bicudo y, automáticamente, la oposición iba a apelar ese rechazo y someter el tema a votación para considerar la «admisibilidad» del juicio, afirmaron medios locales e internacionales.
Otras fuentes, en cambio, y sobre todo después de los fallos, sostuvieron que en realidad la oposición confía en que Cunha aceptará la solicitud de Bicudo porque es la que tiene los mejores argumentos jurídicos.
Amplios sectores opositores redoblaron la presión para formar juicio político a Rousseff luego de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) hicieran pronunciamientos críticos contra el desempeño de la mandataria.
El TCU recomendó al Congreso que rechazara los balances contables del gobierno correspondientes a 2014 por entender que retrasó el giro de fondos a bancos estatales para disimular el déficit fiscal, lo que configura una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En tanto, el TSE resolvió investigar si la campaña de Rousseff y el vicepresidente Michel Temer para las elecciones del año pasado fue financiada con dinero desviado de la petrolera estatal Petrobras, lo que, de confirmarse, puede derivar en la destitución de ambos y el llamado a comicios anticipados.
En ese contexto, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó a la oposición por respaldar los pedidos para la apertura de un juicio contra la mandataria y le pidió que asumiera su derrota en las urnas.
«Yo perdí tres elecciones en este país, volví a casa y me lamí las heridas mientras ellos gobernaban con la mayor tranquilidad; ahora ellos perdieron una cuarta (a fines de 2014) y no se conforman», afirmó Lula, que fue presidente dos mandatos consecutivos, desde 2003 hasta 2011.
En esa línea, el líder del PT pidió a los opositores que tuvieran «vergüenza» en lugar de buscar la destitución de Rousseff.
Con respecto al dictamen del TCU, Lula dijo que si la presidenta realizó una maniobra fiscal fue para asegurar los programas sociales, que son la bandera del PT.
Paralelamente, el ministro de Información, Edinho Silva dijo que los «problemas políticos» deben resolverse mediante un «amplio diálogo» y reiteró que un posible juicio político contra la presidenta supondría una «ruptura» democrática. «Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con rupturas constitucionales», dijo el ministro a periodistas.
Reiteró que «no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa», por lo que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff «no pueden» ser aceptadas. «No podemos paralizar al país por embates políticos», cuando «lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento», indicó el ministro.
Pero el Ejecutivo sabe que este impasse puede ser efímero, de modo que convocó a los líderes del PT en el Congreso con quienes hoy analizó los próximos pasos de esta disputa que ocurre cuando Rousseff enfrenta un rechazo de 69 por ciento de la opinión pública.