Las protestas en la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional fueron levantadas elmiércoles en las sedes centrales de ambas fuerzas tras una orden a los suboficiales para retomar sus puestos por tiempo indeterminado, hasta que lo disponga la superioridad, lo que en la jerga castrense se conoce como «planes de llamada». La medida se concretó luego de difundirse la renuncia del jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, Raúl Garré, hermano de la titular de la cartera, Nilda Garré, que fue formalizada mediante la publicación del decreto 1891 en el Boletín Oficial.
Por la mañana, fue despejado el edificio «Guardacostas», del barrio porteño de Puerto Madero, mientras que en el «Centinela», sede de la Gendarmería en Puerto Madero, al inicio de la tarde quedaba una decena de agentes liderados por Raúl Maza.
«Hay una batalla perdida, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra», dijo el gendarme, quien de todos modos aseveró que seguían con el reclamo. Según informó el propio Maza, la ausencia de uniformados esta mañana en estos lugares se debe a que «los prefectos tuvieron ayer planes de llamada», lo que los obliga a permanecer en sus puestos por tiempo indeterminado hasta que lo disponga la superioridad.
El gendarme, quien es uno de los voceros de los uniformados que reclaman mejoras salariales, añadió: «Tienen a la gente encerrada en los distintos puestos». «Ni siquiera las familias pueden verlos. Los que estamos peleando por esto somos todos suboficiales. Nosotros no tenemos agua, nos sacaron los baños químicos, no tenemos luz. Recibimos amenazas constantemente», advirtió Maza esta mañana en diálogo con la prensa al explicar que la orden se ha impartido también en Gendarmería.
Fuentes relacionadas con el ámbito de seguridad y militar explicaron a DyN que esta medida de las «llamadas» o «acuartelamiento» del personal se debe a que no se quiere a los gendarmes y prefectos protestando como en los últimos días en la calle, por lo cual deben permanecer en sus guarniciones correspondientes.
«Son órdenes concretas que deben cumplirse, porque si no pueden ser severamente sancionados, lo que perjudicaría al uniformado en su carrera y posterior pase a retiro», remarcaron las fuentes.
El edificio «Guardacostas», sede de la Prefectura, uno de los epicentros de las manifestaciones, se encuentra detrás de la Casa Rosada y a escasos metros del helipuerto que habitualmente la presidenta Cristina Fernández utiliza.
Trascendió en diferentes medios de comunicación, que desde que estalló el conflicto salarial en las fuerzas de seguridad federales, la jefa de Estado no utilizó el helicóptero presidencial para llegar a Casa de Gobierno, sino que fue trasladada vía terrestre.
La protesta comenzó el martes de la semana pasada en repudio al recorte de salarios por la aplicación del decreto 1307, aunque luego el Gobierno anunció la restitución de los adicionales y la renuncia de Raúl Garré, señalado como ideólogo de esa medida.
«No damos el brazo a torcer todavía», sostuvo Maza, uno de los ocho agentes de la fuerza que fueron pasados a disponibilidad por encabezar el reclamo. De inmediato subrayó: «Nosotros nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta. Ayer, caminamos hasta Plaza de Mayo para llevarle este mensaje directamente a la Presidenta. Un gobierno que lleva ocho años no sabía que esto pasaba internamente. La están asesorando mal a la señora Presidente».
«Yo tengo un amparo. En mano, cobro 3.500 pesos. El amparo no me resolvió la situación salarial, no es mucha la diferencia. Nosotros no nos plegamos a nadie, no politizamos a nadie. Recibimos apoyo de todo el mundo y lo agradecemos de corazón», expresó Maza.
A todo esto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, admitió que el Gobierno puede «analizar muchas alternativas» para resolver el tema y reconoció el «reclamo salarial» de los manifestantes, aunque criticó la forma de la protesta que carece de «las características normales y habituales de un conflicto normal».