La comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, abrió el debate sobre proyectos que plantean el reparto del 10 por ciento de las ganancias de las compañías entre los trabajadores. La comisión, que preside el diputado oficialista Héctor Recalde, dedicó la primera ronda del debate -que se prolongará hasta la semana próxima- a escuchar las posturas de cámaras empresarias, que hoy reclamaron que la norma «contemple» y otorgue un trato «particular» a las pymes.
Además, los sectores empresarios propusieron que la distribución de las ganancias se resuelva vía convenios colectivos de trabajo, para lo cual la futura norma sólo debería establecer el «carácter obligatorio» de llegar a un acuerdo en ese marco negociatorio.
«Lo único inquebrantable es cumplir con la Constitución Nacional», afirmó al término de la reunión Recalde, quien destacó la «evolución del pensamiento empresario» a favor de avanzar hacia un proyecto que beneficie a los trabajadores.
También garantizó que la prioridad será la «búsqueda de consensos» y, con ese objetivo, «lograr que la ley no sea copia exacta de ninguno de los (tres) proyectos» presentados hasta el momento, uno del propio Recalde, otro de Margarita Stolbizer (Gen) y el tercero de Eduardo Macaluse (SI).
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se pidió «no basar en el impuesto a las Ganancias el sistema de cálculo de la ley que propone distribuir las ganancias», por considerar «inequitativo» a ese gravamen.
En la reunión expusieron también representantes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA); de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre otras entidades.
La CAME, por su parte, sugirió analizar el sistema de reparto de ganancias utilizado en Brasil, y anunció que presentará su propio proyecto para que la comisión lo tenga en estudio.
La iniciativa contempla que la ganancia neta por distribuir entre los trabajadores sea del 10 por ciento del total de las utilidades de la empresa a la que pertenecen.
De esa porción de las utilidades, un 80 por ciento se repartirá entre los empleados (sin incluir al personal jerárquico) y el 20 por ciento restante se girará a la creación de un fondo solidario, que financiará programas de asistencia y blanqueo de trabajadores en negro y desocupados.
El proyecto tiene su origen en el artículo 14 bis de la Constitución, que establece -entre otras cosas- que los trabajadores tendrán «participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección».
Las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas resaltaron la necesidad de que el proyecto «no castigue las utilidades», y pidieron que se tenga en cuenta también en la redacción de la ley que existen grandes compañías, con pocos empleados, que generan abultadas ganancias.
Fueron de la partida la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina (APYME) y la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME).
Los referentes de la Confederación General Empresaria (CEGERA) recomendaron atender eventuales «efectos colaterales del levantamiento del secreto fiscal» de las empresas, y pusieron objeciones a cómo se conformará el fondo solidario.
La Federación Agraria pidió «políticas públicas diferenciadas», y consideró que la ley deberá atender la coyuntura de pequeñas productoras agropecuarias, sin empleados, más allá de quienes integran el núcleo familiar.
Como ejemplo, los referentes de la Federación mencionaron «sólo unos cinco mil productores -de un total de 70 mil- cosechan el 70 por ciento de la soja que se produce en todo el país».
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (FADEEAC) juzgó que el proyecto «no es aplicable» y «conspira contra la inversión» en el sector, y sugirió cambios en el impuesto a la renta «conjuntamente con la participación en las ganancias».
La Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina (AMCHAM) objetó «la metodología, no el espíritu» del proyecto, y advirtió sobre un «incremento de los costos laborales sin un correlato en la productividad».
La Unión Argentina de Entidades de Servicios (Udes) consideró que la propuesta «genera interrogantes sobre la inversión», y pidió diferenciar a las empresas de capital intensivo y de mano de obra intensiva.
La reunión continúa esta tarde con la presencia de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA); Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AASTYSS); Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF); Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Fueron citados también investigadores del CONICET y del PNUD, y especialistas en Derecho del Trabajo.