El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, sostuvo que «Argentina necesita un baño de reconciliación», y tras calificar de «asesino» al ex dictador Jorge Rafael Videla, criticó el hecho de que el gobierno nacional no le haya ofrecido a los militares reducir sus penas a cambio de información. Entrevistado en Canal 26, De La Sota se refirió a la política de derechos humanos del gobierno nacional, y la criticó al considerarla «una política del resentimiento; en vez de negociar para conseguir la información necesaria se dedicó a amenazarlos diciéndoles ‘los vamos a reventar´».
«Yo soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación», afirmó el gobernador de Córdoba.
De la Sota se preguntó: «si se quisiera descubrir la verdad en serio,¿por qué no se hace como en todos los países del mundo?»
Y ejemplificó como sería una supuesta negociación con los involucrados en los crímenes de Estado: «te ofrezco reducirte las penas si me decís realmente donde están los que nos faltan».
De esta forma, afirmó el gobernador, se hubiera podido «quebrar la coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado» y críticamente sentenció que, sin embargo, en el Gobierno Nacional «no hicieron nada, pareciera que todo pasa por decirles: los vamos a reventar».
«Hay algunos que hacen de la política del resentimiento y no han hecho política de derechos humanos», fustigó De La Sota.
Finalmente señaló: «soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. Yo no daría un paso atrás en los Derechos Humanos, daría uno adelante. Yo quiero que también vayan presos los asesinos de José Ignacio Rucci que todavía gozan de buena salud».
La propuesta del gobernador de Córdoba de negociar con los genocidas para obtener información sobre el destino de los desaparecidos durante la última dictadura militar despertó el repudio de diversos sectores de la sociedad.
Funcionarios nacionales, legisladores, constitucionalistas, distintos referentes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas rechazaron hoy la propuesta del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, de negociar con los genocidas y reducir penas por delitos de lesa humanidad a cambio de información sobre el destino de los desaparecidos durante la última dictadura militar.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, afirmó que «no podemos poner a la justicia como un objeto negociable» y consideró que conceptos como los expresados por De la Sota fueron «lo que generaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final», derogadas por el ex presidente Néstor Kirchner.
En respuesta a De la Sota, Fresneda enfatizó que «no hay enemistad entre los argentinos, porque no puede haber enemistad cuando actúa la Justicia».
Sobre los juicios a los represores, el funcionario manifestó que «han tenido todos los mecanismos institucionales, incluso una parte de la justicia, y me refiero a (el ex presidente de la Cámara de Casación Penal Alfredo) Bisordi como un engranaje para retrasar las causas de lesa humanidad».
Respecto al gobernador cordobés que conforma un espacio del PJ disidente, Fresneda aclaró que «es un dirigente que va armando su relato en función de sus intereses políticos, castigando las políticas de derechos humanos del Gobierno porque pretende arrimarse a los sectores que en la Argentina impulsaron, en otros tiempos, la reconciliación en base a la impunidad».
Sobre el aspecto jurídico, el constitucionalista Eduardo Barcesat explicó que la propuesta del cordobés es «insólita» porque «tanto la figura del genocidio como la de crimen de lesa humanidad se oponen categóricamente a la idea de beneficio alguno para los autores y partícipes penalmente responsables».
«Tanto la amnistía, como el indulto o la conmutación de pena, se encuentran vedadas por los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina e incorporados con jerarquía de cláusula constitucional», fundamentó el abogado, quien citó el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
También el titular de la Unidad Fiscal para causas de Lesa Humanidad, Jorge Auat, sostuvo de la Sota tiene «el mismo discurso que conservadores y represores imputados y entienden como una estrategia de impunidad, la deslegitimación de las instituciones».
«Estos juicios (por delitos de lesa humanidad) son el producto de lo que construyó la sociedad argentina, de una memoria colectiva que emergió pese a que fue obturada por los cepos de impunidad que impedían el juzgamiento de esos crímenes», añadió Auat, quien agregó:»Esto no lo advierte el señor De la Sota, cuando propone la reconciliación».
A su turno, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, señaló que De la Sota pertenece a un sector de la política «que no acepta que la justicia le llegue a todos los genocidas y a sus cómplices».
El legislador porteño y nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Juan Cabandié, fustigó a De la Sota al afirmar que «esas posturas de pacificación, son las que promueven desde algunos sectores de la oposición para arrodillarse ante (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto, quien tiene las manos sucias porque consiguió Papel Prensa en una sala de torturas».
También el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Remo Carlotto, manifestó que «en la Argentina no hay una política de derechos humanos del resentimiento», como afirmó De la Sota, sino que existe «la búsqueda de la verdad a través de la justicia».
Carlotto consideró que «plantear la reconciliación es alimentar la impunidad» y agregó que «es un razonamiento cínico de aquellos que no están comprometidos en la defensa de los derechos humanos».
Otra voz en repudio a De la Sota fue Carlos Pisoni, integrante de la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S., quien aseguró que «no podemos tolerar amnistías» con la última dictadura cívico militar.
Pisoni sostuvo que las declaraciones del cordobés provienen de «un sector del peronismo opositor fuertemente ligado a la última dictadura militar» y se producen «en momentos en que están avanzando las causas por los cómplices civiles, como Papel Prensa, en la que están involucrados el Grupo Clarín y La Nación, y el procesamiento de Carlos Blaquier (del ingenio de Ledesma)».
En la misma línea, el diputado nacional por Córdoba Fabián Francioni fue tajante:»Con los genocidas no se negocia».
«De la Sota es el fiel reflejo del menemismo, su postura se asemeja al indulto del neoliberalismo de los ’90 y pareciera que no se enteró que esa decisión política de impunidad para los genocidas quedó atrás, y que en el 2003 se inició un proceso para que se haga justicia por el terrorismo de Estado».
Las expresiones de De la Sota, que conforma un frente peronista opositor junto al diputado Francisco De Narváez, el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y el economista Roberto Lavagna, cosecharon también el repudio de la delegación Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Unidos y Organizados de Córdoba.