El Ministerio de Seguridad ratificó la denuncia penal que hizo la semana pasada contra once jefes desplazados de la Gendarmería Nacional, por judicialización de sus sueldos.
Entre los denunciado figuran los ex director y subdirector, Héctor Schenone y Juan Sainz, quienes fueron separados por la ministra Nilda Garré junto a cuatro jefes del área jurídica de la fuerza y cinco del sector del servicio administrativo.
El gobierno les imputó delitos de «administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario públicos» por promover y beneficiarse con los amparos judiciales por sueldos mal liquidados.
Hoy, un jury de enjuiciamiento destituyó en Corrientes al juez civil y comercial de Santo Tomé, Humberto De Biase Echeverría, quien dictó más de 17.000 cautelares en beneficio de gendarmes y prefectos, en complicidad con los mandos y estudios jurídicos especializados.
Mediante este mecanismo, los jefes cobraron sueldos de hasta 90.000 pesos que escapaban a las previsiones presupuestarias oficiales, en tanto los suboficiales cobraron su última liquidación con rebajas que motivaron fuertes protestas.
Esta mecánica, sostiene la denuncia, se realizó con una «interpretación abusiva» de los fallos «Salas» y «Borejko» de la Corte Suprema, ocasionando un «correlativo perjuicio al patrimonio estatal» y contradiciendo una disposición del Ministerio que ordenó aplicar el nuevo fallo de la Corte «Zanotti» a través del cual se ajustó el cálculo para los salarios de las fuerzas de seguridad.
La denuncia recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que ahora aguarda un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan para ver si impulsa la investigación.