La fiscal Silvia María Barronis tendría una larga relación con el pater familia Ramón Puerta. La lentitud de su hijo, el también diputado provincial Padro Puerta, habría obligado al ex gobernador de Misiones y ex fugaz presidente de la Nación, a involucrarse y aprovechar las relaciones con la ministra de Seguridad libertaria, Patricia Bullrich. En las próximas horas se sabrá el contenido de los dispositivos.

A tal fin el juez Faría convocó a los peritos oficiales y de partes para este viernes 16 de agosto a las 8.30 horas, “ante la volatilidad de la evidencia digital, los cuales pueden ser eliminados, modificados o destruidos”.

Designó a tal fin al personal especializado de la Secretaría de Investigaciones Complejas (SAIC) del Superior Tribunal y a la División Cibercrimen de la Provincia de Misiones “con la finalidad de garantizar la autenticidad de la información almacenada en los dispositivos secuestrados”.

A horas de que este procedimiento clave ocurra, lo que podría derivar en la citación del diputado del partido Activar a declaración, apareció la fiscal de Instrucción Barronis, para pedir que los encargados de las pericias sean miembros de Gendarmería Nacional, cuando la causa se instruye en Misiones y no hay policías provinciales involucrados.

Este pedido buscaría dilatar la prueba clave y levantó sospechas del repentino reclamo de la fiscal Barronis, quien tendría estrechos vínculos con el ex embajador macrista en España, Ramón Puerta y su familia, quienes lideran el partido de Kiczka y son amigos del diputado investigado.

La novedad que comenzó a circular en los ámbitos judiciales este jueves 15, está a punto de convertirse en un escándalo adicional en el marco de la causa, en especial por la intención de llevar a Buenos Aires la investigación misionera contra el legislador que milita en La Libertad Avanza.

El argumento que utilizó fue que se filtraron a la prensa fotos del procedimiento, una situación que se da en forma habitual en todas las causas judiciales y que a diario se observa en la televisión nacional cómo la misma prensa adelanta información que todavía la justicia no dio a conocer.

Sin embargo, el juez Faría anticipó con firmeza que no hará lugar al pedido, ya que no hay a su criterio ninguna acción que pueda demostrar lo manifestado por Barronis, y que, por haber sido parte del procedimiento, es testigo de que todo fue bajo sus órdenes y respetando las leyes de procedimiento y fondo.

Cumplida esa tarea, se procederá a analizar la información obtenida y en el plazo de 15 días hábiles se elevará el dictamen pericial, de acuerdo a los datos adquiridos; lo que incluirá, la información lograda de las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet, asociados a los datos conseguidos por medio de las operaciones periciales realizadas.

En ámbitos judiciales trascendió hay letrados interesados en solicitar un Jurado de Enjuciamiento a la fiscal “a raíz de su evidente parcialidad sumado a errores groseros en su proceder técnico y jurídico”. (Con información de Primera Edición y Vox Populi)