El Ejecutivo uruguayo enviará esta semana al Parlamento un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece un mercado antimonopólico, fomenta la producción nacional, regula la publicidad y los contenidos en horarios de protección al menor, recupera la potestad del Estado sobre las licencias y crea un organismo regulador del área.
El proyecto, anunciado el viernes por el presidente José Mujica y cuyo texto está inspirado en varios de sus 187 artículos en la ley aprobada en Argentina en 2009, apunta a «democratizar y pluralizar» las voces, explicó a Télam el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, uno de los expertos consultados para la elaboración de la iniciativa.
El funcionario destacó el espíritu antioligopólico y antimonopólico del proyecto, que pone límites a la cantidad de medios que puede tener cada titular y dispone que quienes tengan licencia para brindar servicios audiovisuales no pueden operar en el mercado de las telecomunicaciones, a excepción de la empresa estatal de telefonía ANTEL.
El Ejecutivo tendrá la potestad de otorgar, renovar y revocar concesiones y licencias, autorizar o no las eventuales transferencias y fijar los precios de los servicios de comunicación audiovisual por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas, explicó Álvarez.
El subsecretario hizo hincapié en que «se trata de volver a poner claro y firme que las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado y que por ende es quien tiene las funciones de regulación sobre ellas».
En su programa de radio de ayer, cuando anunció el envío de la iniciativa al Parlamento, Mujica precisó que se busca que «el proceso de otorgamiento de frecuencias tenga plazos para que se pueda desarrollar un proyecto de comunicación y recuperar la inversión».
El presidente se refirió a uno de los aspectos más sensibles en este tipo de normas, al enfatizar que el proyecto del gobierno «no incluye regulación de contenidos como exigencia previa de imparcialidad, sino que impulsa la sensata autorregulación, sin imponer ninguna clase de códigos de ética que surjan desde el Estado».
Según el mandatario, el proyecto «trata de asegurar la diversidad y el pluralismo en el sistema» con medidas que «habiliten el acceso equitativo a medios audiovisuales» y expresa, por otra parte, «un tácito reconocimiento de la libertad editorial, lo cual incluye la libre determinación de la programación».
En su última edición, el semanario Búsqueda publicó que el proyecto tiene un capítulo sobre los derechos de los periodistas, en el que se incorpora la cláusula de conciencia por la que tendrán derecho a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido «sustancialmente» modificados sin su consentimiento.
La iniciativa propone fijar en 60 por ciento la producción o coproducción nacional en la televisión comercial, y de ese porcentaje, al menos 30 por ciento deberá ser realizada por productores independientes.
Las radios, en tanto, deberán emitir al menos un 30 por ciento de música de origen nacional, según la información publicada por Búsqueda.
Álvarez precisó que el proyecto tiene como una de sus ideas centrales la regulación de la publicidad «como forma de cuidar al público», además de «exigir que los canales otorguen publicidad electoral gratuita» y declarar la obligación de emitir gratis los partidos de fútbol en «etapas definitorias».
Así como la ley argentina dio origen a la Autoridad Federal de la aplicación (AFSCA), el proyecto uruguayo dispone la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, con miembros académicos y de confianza del presidente, que será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de la futura norma, además de promover la «alfabetización mediática» de la población y desarrollar un observatorio audiovisual.
El proyecto, redactado por el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y asesores de la Secretaría de la Presidencia, entró hace un mes en la última etapa de revisiones, según explicaron a Télam fuentes del Ejecutivo, que espera enviarlo al Parlamento antes que Mujica emprenda el 23 de mayo una gira por China, España e Italia.