En la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento de Escuchas Ilegales de la Cámara de Diputados de la provincia. En la oportunidad dieron a conocer un compendio conformado por más de 30 mil folios que fueron enviados por funcionarios del fuero penal provincial y por el juez federal Norberto Oyarbide en los que figuran actuaciones en las que se realizaron intervenciones telefónicas. Sobre este tema, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, adelantó que presentará un proyecto para efectuar modificaciones al Código Procesal Penal.
Los folios llegan a la Cámara tras una solicitud efectuada por los legisladores de esta comisión en su última reunión. Tendrán la tarea de escrutar los procedimientos e intervenciones telefónicas autorizadas por funcionarios y magistrados judiciales en la última década, con el acompañamiento de un equipo de asesores encabezados por la secretaria legislativa Cecilia Britto.
«Estos documentos son el fiel testimonio de la seriedad y profundidad del trabajo de esta Comisión, que es inédita en cuanto a la participación y al rol del legislador misionero en custodia de valores fundamentales de nuestra democracia y la república», señaló Rovira.
En la oportunidad, y para cumplimentar con la conformación bianual de esta Comisión, fueron reelegidos como presidente el diputado Hugo Passalacqua, y como vicepresidente, Ricardo Wellbach.
Esta comisión de seguimiento nació en el marco del proceso que la justicia federal lleva adelante en la investigación por las escuchas telefónicas, y que en Misiones se materializó con las destituciones de los ex jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey.
Durante el encuentro, el diputado Carlos Rovira anticipó que presentará un proyecto de ley proponiendo modificar el Código Procesal Penal de Misiones, con miras a transparentar las actuaciones relacionadas a intervenciones telefónicas ordenadas por magistrados en causas judiciales.
«Es un proyecto de corrección del Código Procesal Penal, donde este tipo de intervenciones de escuchas domiciliarias debe estar regido no sólo por la participación fehaciente y conocida de los jueces, que en primer término deben rubricar su utilización, sino también debe ser de conocimiento pleno de todo el Poder Judicial, y también de los otros Poderes del Estado», explicó.
Señaló que se buscará «por un lado, que se acote lo que es estrictamente necesario para esclarecer algún acaso que justifique la intervención o escucha, y por otro lado, conocer cuál es la carátula que motiva la solicitud, quién la solicita y fundamentalmente el tiempo para que no ocurra como en el pasado, que argumentando delitos o supuestos crímenes judiciales se hacían escuchas para conocer la vida privada, económica y comercial, o la vida pasional de innumerables personas, no sólo de la provincia sino del país».
«Creo se está dando pasos importantes a la corrección de esta modalidad delictuosa que ha costado sin sabores a la comunidad misionera, y por supuesto el juicio y destitución de dos magistrados», concluyó.