Los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera deberán entregar sus muestras de sangre y saliva el próximo viernes 24, a las 9, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), según dispuso hoy la jueza federal Sandro Arroyo Salgado a cargo de la causa para establecer si son hijos de desaparecidos. La magistrada resolvió además que los alcances del «posterior cotejo del ADN» que se haga con fines identificatorios «se ajustará a lo que -en definitiva- resulte dispuesto en sede judicial», independientemente de la «voluntad de terceros interesados intervinientes en el proceso».
Con su expresión, la jueza dejó en claro que ese cotejo, a realizarse en la BNDG del Hospital Durand para determinar si son hijos de desaparecidos, será posterior a que resuelvan los recursos presentados por las querellas y la fiscalía la semana pasada ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
En una resolución de cuatro carillas, la jueza dejó en claro también que la voluntad expresada por los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín de someterse a una extracción de muestra biológica -a la que hasta ahora se negaban- no tiene ninguna incidencia en el proceso ya que «carecen de legitimación» para ello.
La jueza también desconoció la legitimidad del planteo de Marcela y Felipe Noble Herrera de que el peritaje comparativo «incluya a todas la familias que hayan dejado sus muestras genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos».
Por otra parte, la jueza rechazó el escrito presentado por los letrados patrocinantes de los Noble Herrera ante su juzgado y los intimó a que «precisen de manera correcta y fundamentada» la alegada renuncia de derechos constitucionales de sus clientes.
En ese sentido intimó a los abogados Roxana Piña, Horacio Silva, Alejandro Carrió e Ignacio Padilla a que expliciten la aseveración de que «el ejercicio de su derechos en la presenta causa ha sido una fuente de ataques y sufrimientos personales inenarrables» para los jóvenes Noble Herrera.
El viernes último, al vencer los plazos procesales para apelar una resolución de la Cámara de Casación Penal que dispuso la extracción pero limitó la franja a comparar, los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín se avinieron de propia voluntad a dar sus muestras, en un giro inédito pero sospechoso de su habitual posición.
Por su parte, tanto la querella de las Abuelas de Plaza de Mayo como la de las familias representadas por el abogado Pablo Llonto, al igual que la fiscalía, apelaron el fallo de la Casación y manifestaron su voluntad de que la Corte Suprema de justicia se pronuncie sobre el particular.
Este pedido de un recurso extraordinario fue suspendido por la Casación apenas se conoció la nueva voluntad de los Noble Herrera, pero en su escrito la jueza deja constancia que aun aguarda una indicación a ese punto.