La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de su representante legal Rafael Pereyra Pigerl, interpuso dos recursos de casación en los que solicitan se declare la nulidad de la sentencia que absolvió de culpa y cargo al médico Guillermo Roque Mendoza, y se rectifique el fallo con el aumento de la pena prescripta para los demás involucrados en la causa n° 87/10, que dilucidó ante la justicia federal la actuación de miembros de la policía provincial en el secuestro y torturas contra 42 víctimas de la dictadura.
El Tribunal Oral Federal que juzgó a los ex policías «impuso penas que no se adecuan a la gravedad de las acciones disvaliosas que han cometido los condenados, atento a las características de los hechos probados en la causa, como a la calidad de funcionarios que estos detentaban, lo que agrava el comportamiento, y por lo tanto esto debió estar reflejado en la respuesta punitiva del Tribunal» señala el escrito de casación, en tanto agrega que «ello es de notoriedad manifiesta, ya que tanto en el caso de Amarilla como en el de Pombo se tratan de penas irrisorias, rayanas en el mínimo de pena previsto para cada uno de los delitos objeto de condena, a pesar de la multiplicidad de delitos por los que fueron condenados (37 en el caso de Amarilla y 9 en el caso de Pombo)».
En relación a Mendoza, el escrito de la querella señala que «está probado el ataque sistemático ejecutado por un grupo de tareas, y que fue integrado por Mendoza. Surge de los propios fundamentos de la sentencia, y de los testimonios de Graciela Franzen y Ruben Salinas, que fueron corroborados en plenitud por otros testigos del proceso… que refieren la participación médica en las torturas, con la misma particularidad de dictaminar hasta cuando se podía torturar, pero refiriendo a otros médicos cuya conducta no es motivo de juzgamiento en el presente proceso. No obstante, tales testimonios son referenciales y corroborantes de las modalidades de la tortura sistemática y de la participación médica».
Pereyra Pigerl señaló al respecto de los recursos presentados el pasado 30 de agosto, que «estamos cumpliendo un compromiso jurídico, legal y moral con las víctimas que declararon y expusieron dolorosamente el tormento al cual fueron sometidas» y agregó que «al coraje que han demostrado al compartir el capítulo más negro de sus vidas, se suma su honestidad y la búsqueda de justicia que los anima. Nuestro compromiso entonces no es solo con la búsqueda de la verdad, sino también con la búsqueda de justicia, y esto último sólo se logrará con sentencias que estén acordes con los delitos cometidos».
En el último Juicio de Lesa Humanidad en Misiones Carlos O. Herrero -ex Jefe de la Policía de Misiones en 1976- fue condenado a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; Felipe N. Giménez a 21 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. El médico Guillermo Mendoza, en tanto, fue absuelto. Julio Argentino Amarilla en cambio fue condenado a 7 años e inhabilitación absoluta perpetua, similar castigo que Carlos Alberto Pombo.