En el marco de la continuidad del conflicto por el incremento desmedido del precio de la yerba mate en las góndolas, Sandra Giménez pidió a los productores misioneros y correntinos que no malvendan su producción y recordó que el aumento logrado en el precio para el sector productivo no incluye ningún tipo de traslados de impuestos.
En ese sentido aseguró «los continuos incrementos en góndola que se han dado en los últimos tiempos garantizan al sector industrial sus beneficios, por lo cual deben absorber esta mejora en los ingresos del sector productivo».
Asimismo fustigó a las regiones centrales del país que quieren mantener precios bajos gracias a la pobreza de los productores y recordó que los 1,70 pesos por kilo de hoja verde apenas significan unos centavos para los peones rurales, los fleteros y los propietarios de la yerba por cada kilo de hoja verde que se vende. «No es que reciben grandes beneficios con este incremento que se les ha otorgado», remarcó.
Según la funcionaria es necesario identificar a quienes remarcan y aumentan los precios en los sectores intermedios y no al sector productivo, «no hay que atacar a los productores ya que son 32.000 familias que viven de esa producción», puntualizó.
Por otro lado Giménez se expresó a favor del tratamiento del proyecto de la Ley de Identidad de género que podría ser aprobado esta semana y que consideró un avance en el derecho positivo de las personas.
Según indicó en abril los senadores de dos comisiones firmaron un dictamen de mayoría a favor del proyecto de ley de identidad de género, que contempla que toda persona «tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, tal como cada persona la siente», corresponda o no con «el sexo asignado en el nacimiento».
El texto, que si no recibe cambios en el recinto quedará convertido en ley como salió sancionado de Diputados, permite que toda persona pueda solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de prenombre e imagen «cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo».
Además considera que los mayores de 18 años puedan acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, «sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa».
El proyecto establece que los centros públicos de salud, sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que la ley reconoce.