La Justicia brasileña aceptó procesar a dos militares acusados de secuestros y desapariciones de personas durante la dictadura, en una decisión inédita que permite sortear la Ley de Amnistía, que garantiza la impunidad para los ex represores. El Segundo Tribunal Federal de Marabá, en el estado de Pará, acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el coronel de la reserva Sebastiao Curió y el mayor de la reserva Licio Maciel, que habían sido rechazadas en marzo, según reportaron la agencia de noticias Brasil y el diario Folha de Sao Paulo.
Los militares están acusados de secuestrar y desaparecer entre enero y septiembre de 1974 a Maria Correa, Helio Navarro, Daniel Ribeiro, Antonio de Pádua Costa y Telma Cordeira, integrantes de la Guerrilla de Araguia, creada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) para combatir la dictadura militar.
La denuncia había sido rechazada en marzo bajo el amparo de la Ley de Amnistía, sancionada durante la dictadura en 1979 y refrendada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal.
Sin embargo, la jueza Nair Pimienta de Castro, a cargo del juzgado, consideró válidos los argumentos del Ministerio Público de que en este caso no tendría aplicación la Ley de Amnistía al no haber caducado el delito de secuestro y desaparición, ya que las víctimas aún no fueron encontradas, por lo que su status legal es de desaparecidos.
La jueza sostiene que si el secuestro continúa hasta el momento no se aplica en este caso la Ley de Amnistía porque «ultrapasó» el período de los crímenes amnistiados en la norma.
En su defensa, Maciel sostiene que no puede ser acusado de secuestro porque uno de los guerrilleros que figura como secuestrado y desaparecido fue baleado en combate y llevado a una enfermería, y que otros militares le habían informado que luego había muerto.
Curió y Maciel, quienes podrían ser condenados a entre dos y ocho años de cárcel por el delito de secuestro calificado, son los primeros procesados por la Justicia brasileña por crímenes cometidos durante la dictadura.
Todos los intentos anteriores de responsabilizar penalmente a acusados de violaciones a los derechos humanos encontraron la barrera de la Ley de Amnistía y la consideración de los jueces de que los delitos habían prescripto.
Una demanda parecida fue rechazada ayer en San Pablo por la Justicia Federal contra el coronel Carlos Brilhante Ustra sobre el amparo de la Ley de Amnistía.
Brilhante Ustra fue el jefe de Doi-Codi, el principal órgano de represión de la dictadura, y esta acusado de comandar prácticas de tortura contra presos políticos en la unidad, creada con el nombre de Operación Bandeirante (Oban).
El 14 de agosto, en otra decisión inédita, el Tribunal de Justicia de San Pablo había confirmado la sentencia de primera instancia que reconoce a Brilhante Ustra como torturador.
El militar fue citado el lunes por la Comisión de la Verdad de la Cámara Municipal de San Pablo para que declare sobre las acusaciones en su contra, declaración que solo puede utilizarse a título informativo y para conocer lo que ocurrió con las víctimas pero que no derivan en sanciones penales.