La Corte Suprema de Justicia denegó el pedido de extradición a Francia del ex marino Alfredo Ignacio Astiz, que fue pedido por el estado francés por el caso de la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, ocurrido en 1977. El máximo tribunal destacó que a diferencia de otros tiempos, «la jurisdicción penal argentina se está ejerciendo sobre la base del principio de territorialidad, ya que el ex militar afronta un juicio oral en el país a cargo del TOF 5».
Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, la Corte declaró «improcedente» el pedido de extradición formulado por la República de Francia respecto de Astiz por los delitos de complicidad en la detención ilegal seguida de torturas de las religiosas francesas.
El juicio contra Astiz y otros 17 represores de la ESMA «se desarrolla luego de que fueran removidos los obstáculos que impedían el ejercicio pleno de la jurisdicción de la República Argentina para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos registradas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983», sostuvo el fallo.
Esos obstáculos, añade, «fueron superados luego de la sanción de la ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes 23.491 y 23.521, y cuya validez constitucional fue afirmada por la Corte Suprema en el fallo «Simón…» (328:2056)».
Domon y Duquet fueron secuestradas en diciembre de 1977 junto al llamado grupo de la Santa Cruz, la iglesia de la congregación pasionista donde funcionaban las primeras Madres de Plaza de Mayo, también secuestradas en un operativo donde Astiz se hizo pasar como familiar de un desaparecido para identificar al grupo.
El reclamo por la aparición de las religiosas fue asumido desde un primer momento por el gobierno de Francia, que no sólo realizó gestiones diplomáticas sino que designó un abogado en la causa, ahora en etapa de juicio oral.