El ex comisario Felipe Nicolás Giménez, uno de los cinco acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía de Misiones, acusó a la presidenta Cristina Fernández y a todo el Gobierno provincial, además de la Justicia federal y militantes de Derechos Humanos de «montar una farsa» para seguir «financiando al terrorismo». Dijo que sólo cumplía órdenes, pero desnudó varias contradicciones en su relato. El juicio se reiniciará el 10 de abril con la presencia de los testigos.
Giménez hasta se declaró inimputable para despegarse de los 42 hechos en los que se le acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad.
El ex comisario no negó ser responsable de los delitos que se le imputan, sino que, aseguró, solo obedecía órdenes emanadas del gobierno democrático para «aniquilar a la subversión». Sin embargo, la ley que mencionó en su argumentación, la 21460, fue sancionada el 18 de noviembre de 1976, ya bien entrada la dictadura. Así, se dispuso que la investigación de crímenes subversivos se llevara a cabo mediante una prevención sumarial. Estos crímenes debían ser investigados por la Policía Federal y Provincial o por las Fuerzas Armadas. Giménez fue denunciado, entre otros, por Graciela Franzen, quien fue detenida en mayo de 1976.
Al mismo tiempo, nombró como su jefe a Claudio Emilio Lazo como primer ejecutor de esa ley, pero el comisario general abandonó ese puesto el 18 de junio de 1975, para dejarle lugar a Carlos Omar Herrero, otro de los acusados, quien duró seis meses como jefe hasta el 26 de diciembre de 1976.
Giménez hizo un duro alegato y habló de una «conspiración» de terroristas. En su presentación denunció a la presidenta Cristina Fernández, al gobernador Maurice Closs, al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y a todos los diputados, al ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, la senadora Sandra Giménez y los jueces y fiscales federales que entienden en la causa, además de los «42 testigos falsos» por «ancianicidio y crímenes de guerra». Al mismo tiempo, dijo que irá hasta la corte internacional de La Haya por persecución y se declaró inimputable. «El ancianicidio es el nuevo método de matar policías que cumplieron con su deber. Con 75 años soy el chivo expiatorio y esto fue preparado por los jueces de Misiones», disparó. «Yo no fui carcelero de nadie, tomaba registro de los detenidos. Nuestra función era registrarlos», detalló.
Finalmente, acusó a Franzen, una de sus denunciantes, de «agitar las denuncias» para cobrar dinero de la Nación.
«Fue una guerra y ahora se dejaron leyes sin efecto para que yo no tenga defensa», cuestionó, en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Relató que «en Misiones había terroristas montoneros que sembraron el terror en Aristóbulo del Valle, con incendios y clavos miguelitos o bombas. Yo cumplí con mi deber. Todo esto es para financiar a los terroristas».
«La guerrilla en Misiones sigue activa a través de la Justicia con plata que no debería estar en ese fin», apuntó en su discurso que duró casi una hora.
Para la Fiscalía, la presentación de Giménez no hizo más que ratificar su participación en los delitos de los que se lo acusa. «Solo cierra su adhesión al sistema represivo. Acá no corre la Obediencia Debida, la ley ya fue derogada», señalaron desde el ministerio público fiscal.
Por su parte, desde la querella, Rafael Pereyra Pigerl aseguró que la estrategia de Giménez fue cambiar su rol de victimario en víctima. «Contradice 40 testimonios concordantes que lo señalan a él. «Fue premiado por el Gobierno militar por su actuación contra los montoneros. Eso figura en su legajo», señaló Rafael Pereyra Pigerl, representante del Estado nacional en la querella.
El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de abril, cuando comenzará a escucharse a 110 testigos. Además de Giménez, se juzga a Carlos Omar Herrero, ex jefe de la Policía, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos de la fuerza, además del médico policial Guillermo Roque Mendoza.