La Corte Suprema de Brasil le ordenó al ex presidente de ultra derecha Jair Bolsonaro que entregue su pasaporte y le prohibió hablar con otros investigados en medio de la “Operación Hora de la Verdad”, que incluyó allanamientos y arrestos en diez estados del país. La Policía brasileña cree que el ex presidente conocía el plan del golpe de Estado contra Lula da Silva y que incluso hizo modificaciones al mismo.
En tanto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo creer que el exmandatario Bolsonaro estuvo implicado en la intentona golpista de enero de 2023, aunque pidió esperar a la conclusión de las investigaciones.
“Creo que (el intento de golpe) no hubiera ocurrido sin él”, afirmó el mandatario en una entrevista a la radio Itatiaia, que coincidió con el operativo en una decena de estados brasileños que mira directamente a su antecesor en la Presidencia, así como a varios de los exministros de este y militares de alto rango.
La investigación descubrió un borrador golpista que preveía la detención de los ministros del Tribunal Supremo Federal Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Esta información está incluida en la decisión de De Moraes que respalda una operación lanzada este jueves contra militares y ex ministros del gobierno de Bolsonaro. Es por esa razón que la Corte Suprema le ordenó al ex jefe de Estado que entregue su pasaporte y le prohibió hablar con otros investigados en medio de la “Operación Tempus Veritatis” (Hora de la Verdad), que incluyó allanamientos y arrestos en diez estados de país.
De acuerdo a las investigaciones, el borrador del golpe fue entregado a Bolsonaro por Filipe Martins, quien fue arrestado en el operativo de este jueves; y Amauri Feres, quien es buscado. Según publicó el portal local G1, el ex presidente pidió que se eliminen del documento los nombres de Pacheco y Gilmar pero no el de De Moraes.
La Policía Federal también descubrió que los horarios y vuelos de Alexandre de Moraes eran monitoreados por los golpistas para que el ministro pudiera ser observado a tiempo completo y, si hubiera un golpe militar planeado por el grupo, podía ser arrestado.
La Policía Federal cumplió 33 órdenes de allanamiento y cuatro de prisión en varios estados brasileños dentro de este gran operativo que apunta directamente a Bolsonaro y a varios de sus más estrechos correligionarios, entre ellos militares de alta graduación.
De acuerdo con la prensa brasileña, fueron objeto de registros los ex ministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el ex comandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
También están en esa lista el ex ministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro; y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el ex mandatario brasileño.
La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integraron una “organización criminal” que actuó “en la tentativa de golpe de Estado” para “mantener al entonces presidente de la República en el poder”, según señaló la institución en una nota.
La aprehensión del pasaporte de Bolsonaro se enmarca dentro de las 48 medidas cautelares ordenadas por el Supremo contra los investigados, que también incluye “la prohibición de mantener contacto” con el resto de sospechosos y de dejar el país; y la suspensión de sus funciones públicas.
Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y líder de la extrema derecha brasileña, ya estaba siendo investigado en el Supremo por “incitar” a sus seguidores a invadir y destrozar las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Congreso el 8 de enero de 2023, en un intento por derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido una semana antes.
Según afirmó la Policía Federal, los investigados construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.
La Policia aseguró también que el grupo actuó “para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.