A través de la Subsecretaría de Tierras se hizo una propuesta a los que intrusaron propiedad privada, pero fue rechazada. Ahora la harán por escrito. Advierten que no se pueden otorgar 25 hectáreas para cada uno, como piden.
El gobierno de Misiones está abocado, a través de la subsecretaría de Tierras, a la solución de la problemática de quiénes se encuentran viviendo en tierras cuya titularidad no les pertenece, con intervención de todos los municipios que ejecutan programas de regularización de la tenencia precaria ubicadas en sus respectivos tejidos urbanos.
En estos últimos cinco años se regularizaron poco más de 22.000 hectáreas de tierras rurales, extendiéndose 1.500 títulos. Se adquirieron 22.000 hectáreas de tierras (Premidia, Amex, Panambí Ongay, Compañía Victoria) que hoy se encuentran en proceso de adjudicación a más de 1.600 familias. La inversión realizada fue superior a los 16.000.000 de pesos.
En el marco de la Ley XVI – Nº 77, se expropiaron 4.500 hectáreas en San Vicente (Agro forestal y Ferbuel), ya en proceso de adjudicación. En lo que se conoce como el Núcleo Pozo Azul (San Pedro y Bernardo de Irigoyen) se ha iniciado el proceso judicial de expropiación sobre 38.000 hectáreas (las propiedades involucradas son Puente Alto SA, Colonizadora Misionera y Maderas Nativas).
Se ha atendido y solucionado la situación de productores cuyas chacras estaban comprometidas y en situación de remate inminente por la ejecución de cédulas y créditos hipotecarios. También se sancionó la ley que durante varios años suspendió desalojos de viviendas familiares únicas. Durante el transcurso de este mes, intrusos que ocuparon en forma ilegal e ilegítima tierras privadas en San Pedro, con pleno conocimiento que eran privadas y estaban fuera de los límites de aquellas cuya expropiación ya había sido resuelta, fueron desalojados por disposición judicial.
Durante su permanencia en inmediaciones de los terrenos que habían intrusado fueron asistidos alimentaria y sanitariamente por el municipio de San Pedro con el concurso del gobierno provincial.
La propuesta que fue presentada por el intendente de San Pedro el día martes 23 de abril, ha sido rechazada. En virtud de ello, ayer la misma propuesta será notificada por escrito.
«Quiénes han cometido un delito, violando el derecho de propiedad, no pueden exigir ni imponer condiciones para obtener una solución, mucho menos que se adquieran tierras a otros intrusos», indicaron desde el organismo.
«Entendemos que existe una necesidad social pero detrás de esta necesidad hay quienes quieren hacer negocios vendiendo lo que intrusaron. No es posible la situación económica de cada involucrado asignándoles chacra de 25 hectáreas a cada una. Desde hace décadas miles de familias de agricultores trabajan sus pequeñas unidades productivas en paz y respetando las leyes», explicaron desde Tierras.