Estados Unidos anunció este martes que deportó a casi 400.000 indocumentados en el año fiscal 2011 que concluyó en septiembre, la mayor cifra registrada en la historia del país norteamericano. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que 396.906 extranjeros que se hallaban en Estados Unidos ilegalmente fueron deportados y que casi el 55% de ellos – -216.698-, tenían antecedentes penales.
Los datos divulgados por el ICE para el período fiscal que concluyó el 30 de septiembre pasado indican que la administración del presidente Barck Obama deportó en 2011 a unas 27.000 personas más que las deportadas en el último año de la presidencia de George W. Bush.
Las cifras de ICE muestran que de las 216.698 personas deportadas porque fueron condenadas por delitos, 44.600 recibieron sentencias por delitos vinculados a la droga, 35.927 por conducir vehículos en estado de ebriedad, 5.848 por crímenes sexuales y 1.119 por homicidio.
«Los totales al final del año indican que estamos logrando progresos con más criminales convictos, personas que recién cruzaron la frontera, violadores reincidentes de la ley de inmigración y fugitivos que han sido deportados», declaró el director de ICE, John Morton, en un comunicado, citado por ANSA.
La cifra récord de deportados aumentó las críticas hacia Obama, quien llegó al gobierno en 2009 con la promesa, todavía incumplida, de implementar una reforma migratoria «integral» en su primer año de gobierno, incluyendo un camino a la legalización para gran parte de los 12 millones de indocumentados que viven en el país.
En agosto, el mandatario anunció que daría prioridad en las deportaciones a las personas que hubiesen cometido delitos graves o que representaran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, una medida celebrada por los defensores de los inmigrantes.
El ICE informó que el 90% de todas las deportaciones «caen en una categoría de prioridad y más de dos tercios de las otras deportaciones en 2011 fueron de personas que habían cruzado recientemente, o habían reincidido en el cruce ilegal de la frontera».
Mientras, aunque la aplicación de las leyes sobre inmigración corresponde exclusivamente al Gobierno Federal, media docena de estados promulgaron y otros treinta se plantean leyes que convierten en delito la presencia en sus jurisdicciones de inmigrantes indocumentados.
Las leyes promulgadas ya permiten que la policía local y estatal requiera la documentación a las personas de las cuales exista la sospecha de que son inmigrantes indocumentados. Su aplicación quedó en algunos casos en suspenso por apelaciones de grupos defensores de los inmigrantes y recursos del Gobierno Federal.