Los habitantes de la ciudad recordarán mañana el aniversario de la explosión registrada el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar emplazada en esa localidad cordobesa, tragedia que dejó siete muertos y más de 300 heridos.
El hecho dejó además de daños materiales en viviendas particulares, y por la cual el año pasado fueron condenados a prisión cuatro imputados.
En el marco de los homenajes que se realizarán este martes, miembros de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) realizarán una exposición en el Anfiteatro Municipal ‘Luis Amaya’.
En tanto, para las 19.30 está prevista una marcha que partirá desde la plaza San Martín, luego de una misa.
Para los más de 46.000 habitantes de esta ciudad, distante 110 kilómetros al sur de la capital provincial, aquella serie de explosiones marcaron un antes y un después para el resto de sus vidas y de la propia fisonomía del lugar, que quedó devastado. Así lo demuestran las primeras imágenes de aquella trágica jornada, similares a las de una ciudad en guerra.
Imágenes devastadoras. Será la primera conmemoración luego de conocerce la sentencia contra los militares por «estrago doloso agravado por muerte de personas».
Este no será un aniversario más, no solamente por los 20 años, sino que será la primera conmemoración anual tras conocerse la sentencia del fallo judicial que condenó a 13 años de prisión a los militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino; y a 10 años a Marcelo Diego Gatto. En todos los casos las penas fueron por el delito de ‘estrago doloso agravado por muerte de personas’.
El juicio finalizó en diciembre de 2014 y el ex presidente Carlos Menem no figuró entre los acusados. Es que si bien fue incluido en el proceso en 2007 por su presunta responsabilidad política, la Cámara Federal de Córdoba le dictó en 2010 una falta de mérito que lo dejó fuera de la causa.
Al conocerse los fundamentos de las condenas, lo que surge de la investigación y el proceso de enjuiciamiento es que la explosión sucedió a partir de una acción «intencional, programada y organizada», que tuvo origen en el «incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, ubicado en un tinglado existente en la Planta de Carga de la Fmrt».
Ese fuego se expandió y, en pocos minutos, se generaron explosiones simultáneas, en tanto que una explosión de mayor magnitud tuvo lugar en los depósitos de Expedición y Suministro situados hacía el sector sur de la Planta de Carga, tinglados que en su interior contenían gran cantidad de explosivos, municiones y proyectiles, que generaron la onda expansiva que dispersó de manera violenta proyectiles y esquirlas sobre la población de la ciudad de Río Tercero.
El expediente de la investigación sostiene que el objetivo fue el «ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos».
El mes pasado el gobierno nacional promulgó la ley para indemnizar a los damnificados en la tragedia de aquella mañana de noviembre de 1995, a partir de una iniciativa presentada por el ex diputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo «Wado» De Pedro, que fue aprobada por unanimidad el 16 de septiembre por el Senado.
Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10.691 personas, estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes sufrieron lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes han tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.
Los herederos de las personas que fallecieron a consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a «la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100».
Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en un 30 por ciento.
La indemnización será un 40% menos para las víctimas con lesiones graves; un 96% menos para quienes hayan demandado al Estado Nacional por reparación de daño moral o daño psíquico y un 97% menos para los que demandaron al Estado por la reparación de daño material.
Como consecuencia de los hechos, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.