El anuncio efectuado por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, en el que puso sobre el tablero la necesidad de resguardar el debate por la posible construcción de represas en el territorio provincial, separándolo del calendario electoral, tuvo su correlato esta semana con la presentación de un proyecto de ley de su autoría.
El instrumento ingresado al parlamento provincial pretende resguardar derechos y garantías de la ciudadanía prohibiendo el avance de emprendimientos vinculados a cualquier tipo de proyectos hidroeléctricos antes de la realización un plebiscito.
Un elemento central del proyecto de Rovira es la declaración en la que se afirma que Misiones tiene «la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre los recursos naturales hídricos existentes en el territorio», y en este sentido plantea que «todo emprendimiento hidroeléctrico que requiera o utilice los recursos naturales hídricos de la provincia debe contar con la participación del pueblo de Misiones e intervención activa del Estado provincial».
La intervención del Estado misionero, se realizaría a través de un representante del Poder Ejecutivo y uno del Poder Legislativo, y sería de carácter «obligatorio, previo a cualquier decisión provincial, nacional, binacional, respecto de emprendimientos hidroeléctricos, incluyendo la formulación de anteproyectos».
En tanto, la participación del pueblo misionero se daría mediante un plebiscito, también «obligatorio, vinculante e irrenunciable; previo a cualquier estudio, trabajo u emprendimiento vinculado directa o indirectamente a la represa, obra o proyecto hidroeléctrico, y en ningún caso podrá coincidir con la fecha de elecciones generales o provinciales para cargos electivos de cualquier naturaleza».
En la iniciativa se define como recurso natural hídrico a toda vertiente, arroyo o río, sean superficiales, o subterráneos que recorran en forma total o parcial el territorio o que sea compartida con otras jurisdicciones provinciales o Estados extranjeros.
«Dicho acto de consulta popular no debe coincidir con las elecciones generales partidarias, ya que ello tiende a confundir a la población sobre el eje del debate, perdiéndose la oportunidad de un análisis profundo y debidamente informado, pudiendo resultar una trampa electoral pergeñada por algunos sectores para lograr ciertos beneficios», sostiene el autor en los fundamentos.
«Esta iniciativa legislativa constituye una garantía para el pueblo misionero, de que no habrán avances a espaldas de la provincia, y que debe desterrarse toda posibilidad de inminencia de cualquier proyecto de represas sin el consentimiento de los ciudadanos», enfatiza Rovira.
El proyecto propuesto por el presidente de la Legislatura no se detiene solamente en la declaración de principios rectores en materia de recursos naturales hídricos, sino también hace un fuerte hincapié en el derecho a la compensación por uso de los recursos naturales.
En esta línea busca establecer un sistema repartidor energético a los municipios, a la provincia y un porcentaje destinado a los Pueblos Originarios y asociaciones ambientales.
De convertirse en ley, el 30% de la energía sobre el porcentaje que corresponda a la República Argentina que generen los emprendimientos hidroeléctricos realizados en Misiones, o que causen impacto ambiental en el territorio, serían de propiedad «inalienable, imprescriptible e irrenunciable de la provincia».
Mediante un mecanismo de coparticipación energética provincial, un 60% de esa energía se destinaría a la provincia, 35% a los municipios y 5% para los Pueblos Originarios y asociaciones ambientales.
El 35% destinado a los municipios se coparticiparía de la siguiente manera: el 50% para los directamente afectados, el 30% para los que se ubiquen en la zona divisoria y el 20% para los ubicados en la cuenca opuesta.
«Siendo la provincia quien tiene el dominio de estos recursos es necesario destacar el inicio de una era de reparación histórica, de valoración en el concierto de Nación, de un ejercicio federal real en el aprovechamiento de los factores de desarrollo con justa y equitativa distribución», señala Rovira.
Asegura que «este camino destaca una inteligencia superior del Estado misionero, aún padeciendo desde hace décadas un insignificante índice de coparticipación; brega por iniciar un camino proactivo y novedoso en la construcción de un concepto histórico de Nación, entendiendo que las necesidades de energía para el desarrollo de nuestro pueblo tornan justo la institución de un sistema de reparto energético equitativo».
«Los principios rectores de la Renovación en esta materia, indican y determinan extender estos conceptos hacia dentro de la provincia; conceptos que se definen fijando un sistema de coparticipación energético con los municipios que experimenten los diferentes grados de afectación de sus recursos ambientales», explica.
«Es un deber del Estado garantizar la seguridad y los derechos de todos los habitantes. Entre ellos está el hecho de asegurarles la protección y el goce de los recursos naturales y, por supuesto, los beneficios que dichos recursos pueden generar», finaliza el legislador.