El jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, aseguró en conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno que «el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes y, de allí, la presentación de la medida cautelar ante la Corte Suprema». «Corrientes nunca nos ha presentado los estudios respectivos. Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones», expresó el funcionario.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció la medida de amparo por parte de la Justicia contra la provincia de Corrientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de la Nación presentó a la Provincia de Corrientes una medida cautelar de no innovar el proyecto productivo de cualquier obra que se realice en ese lugar, con motivo de las conductas que la provincia ha tomado en la región del Arroyo de Ayuí y los esteros del Iberá.
«El argumento tiene dos vertientes, el primero a nivel nacional, que corresponde al daño ambiental irreversible en la zona afectada, el cumplimiento de los deberes impuestos o autoimpuestos a la nación argentina por el estatuto del río Uruguay.»
Por su parte, Fernández explicó que el gobierno correntino «permitió el inicio de las obras en las márgenes del arroyo Ayuí, en una extensión de 8 mil hectáreas, de las cuales corresponden parte de los esteros del Iberá, utilizados como reservorio para el cultivo de arroz».
Sin embargo, explicó, que «la provincia de Corrientes nunca ha aportado la información adecuada para dicha obra. Según la ley 25675, es nuestra responsabilidad abogar por el cuidado ambiental de nuestro país y, como dicta la ley 26331, es nuestra responsabilidad cuidar del aprovechamiento de los bosques nativos».
En segundo lugar, el jefe de Gabinete, dijo que la Argentina también tiene responsabilidades internacionales, a raíz del Tratado del Río Uruguay y que «la omisión de información de la obra por parte de la provincia de Corrientes puede provocar que el Estado argentino corra riesgos de irresponsabilidad a nivel internacional», concluyó Aníbal Fernández.