España habilitó la importación al revocar una medida adoptada en abril, luego de advertir que esa situación podría tener «una repercusión negativa en los precios de los combustibles».
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la cual el Ministerio de Industria dejó sin efecto la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel español, con lo que no podrá aplicarse la orden ministerial para proteger la producción en la UE.
El sistema de asignación de cuotas tenía que estar en vigor el 22 de octubre, una vez transcurrido el plazo de seis meses que establecía la orden ministerial publicada en el BOE el 21 de abril, y que permitiría suplantar el biodiésel importado de Argentina e Indonesia.
La orden de protección del biodiesel buscaba apoyar a las operaciones de refino del biocarburante por parte de las empresas españolas y comunitarias, mediante la asignación de cuotas, para limitar las exportaciones desde Argentina que en 2011 alcanzaron los 750 millones de euros.
En total, España compró 719.473 toneladas del biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.
El Gobierno de Mariano Rajoy había adoptado la medida para limitar las importaciones, a poco que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su intención de nacionalizar el 51 por ciento de las acciones de YPF que se encontraban en manos de la petrolera ibérica Repsol.
Al justificar la derogación de la convocatoria para la asignación de cuotas, el Ministerio de Industria argumentó que su aplicación «puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos».
«Con el fin de no causar daño a los interesados», y «sin perjuicio de reparación que proceda por los costos de gestión en que hayan incurrido», el gobierno español consideró «necesario dejar sin efecto» la convocatoria de asignación de cuotas, de acuerdo a la cita de la agencia Europa Press.
Fuentes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) dijeron a Télam que «la Orden Ministerial publicada en abril no fue revocada hoy, sino que es eliminada la convocatoria para la asignación de cuotas que preveía esa orden».
La convocatoria tenía por finalidad excluir a los biocombustibles argentinos que cuya producción en lo que va de 2012 alcanzó un nuevo récord al registrar en los primeros ocho meses del año un incremento del 19 por ciento, con respecto a igual período de 2011, mientras que las exportaciones subieron un 10,7 por ciento.
La Unión Europea explica que más del 92 por ciento en las compras, y los despachos de biodiésel a España crecieron 9,8 por ciento en valores y 18,3 por ciento en cantidades en los primeros ocho meses del año, cifras que reflejan operaciones concretadas previo a la veda española.
La interpretación de los productores argentinos nucleados en Carbio es que «a partir de mañana las condiciones de mercado volverían a la normalidad previa al 20 de abril en que se publicó la norma para las potenciales ventas de biodiésel desde la Argentina».
«Sin embargo, la preocupación es que la Orden Ministerial sea efectivamente derogada para evitar cualquier futuro inconveniente en la comercialización», resaltaron.
Entre las repercusiones, la española Appa Biocarburantes, asociación que nuclea a las principales empresas del sector, advirtió que la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel nacional «prolonga la agonía del sector».
«Valoramos de forma muy negativa este nuevo retraso», manifestó un portavoz de la entidad que resaltó el esfuerzo «económico, técnico y humano» realizado en estos seis meses por los fabricantes para reacondicionar sus fábricas, algunas cerradas, y otras trabajando al 14 por ciento de su capacidad, así como para frenar el ajuste de personal.
Ahora, los afectados disponen de un mes para presentar ante Industria un recurso administrativo de reposición, así como de dos meses en caso de que quieran recurrir la decisión del Gobierno ante un tribunal contencioso-administrativo.