En febrero, el Ministerio de Capital Humano inició un proceso para contratar a cuatro editoriales que iban a imprimir y entregar 4 millones y medio de  manuales escolares que iban a ser entregados a escuelas públicas de todo el país. Sin embargo, “por falta de tiempo”, los alumnos de los niveles primarios y secundarios se quedan sin su material de estudio, ya que se dieron de baja las contrataciones. El Estado, con esta torpeza administrativa se «ahorra» más de 25 mil millones de pesos y avisa a las provincias que está a su cargo la provisión de los libros de texto. Así, por su ineptitud, traslada esa responsabilidad a los estados provinciales, con más de un mes de clases en marcha.

El organismo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, inició el proceso el 7 de febrero, a través de cuatro expedientes distintos, por medio de una contratación directa. La idea era que cuatro editoriales reconocidas imprimieran y entregaran los ejemplares antes del inicio de clases. Pero eso no pasó.

Las contrataciones todavía figuran en el sistema como “pendientes” y están disponibles para adjudicar, pero la entrega del material de estudio finalmente no se hará por un motivo particular.

Fuentes del ministerio que dirige Sandra Pettovello informaron que “no se llegó con los tiempos”, ya que la compra debía iniciarse antes del comienzo del ciclo lectivo, debido a los plazos de la impresión de los libros y la posterior entrega, que eran de al menos dos meses.

Si bien la gestión anterior había comenzado el proceso de adquisición, el cual fue actualizado por el gobierno de Milei a principios de febrero, el procedimiento “se demoró”.

En ese contexto, las mismas fuentes explicaron que “cada provincia debe hacerse cargo de entregar el material de estudio” a las escuelas de su jurisdicción. Algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tuvo que disponer de sus propios manuales.

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Esto se da en medio de las declaraciones del secretario Carlos Torrendell, quien aseguró que “no se iba a hacer un recorte presupuestario en Educación” a nivel nacional.

El propio Torrendell expresó en una entrevista radial que en educación “el desafío no es solo gastar más, sino cómo gastar mejor”. También advirtió que el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno “está siendo mayor en otras áreas de gobierno que en Educación”.

“La Secretaría de Educación de la Nación no va a tener menos recursos: va a tener los mismos recursos y los vamos a asignar a la alfabetización y a las cuestiones fundamentales del aprendizaje”, añadió.

En la primera compulsa, publicada en el sitio de compras del Estado, el Gobierno de Javier Milei había solicitado más de 600 mil ejemplares de “Prácticas del lenguaje”, con exclusividad a la firma Editorial del Árbol, de la proveedora Grace María del Pilar Moncayo Ortega. Por esta compra iba a pagar un total de $3.282.604.850.

“El material bibliográfico cotizado debe estar impreso en la República Argentina y deberá cumplir con las normas de redacción establecidas por la Real Academia Española, incluyendo la correcta ortografía, gramática y uso adecuado del idioma español”, detallaron en las especificaciones técnicas.

En tanto, el Gobierno también había iniciado un proceso de compra directa con el grupo Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., a quien le solicitó la impresión de 235 mil libros de Lengua para secundaria, 210 mil ejemplares de Matemáticas, edición de “Yo Matías” para todos los niveles, y 370 mil para primaria. Además, pidió 344 mil libros de “Prácticas del lenguaje”. Todo por un presupuesto de $9.612.452.855.

La Secretaría que depende de Capital Humano publicó otra contratación con la Editorial Estrada S.A., por un total de 11.231.790.530 de pesos. La adquisición se divide en 1.900.000 ejemplares de Matemática, tanto para el nivel primario como el secundario; y 88 mil libros de Lengua.

Por último, Educación había requerido la impresión de otros 813 mil ejemplares de Matemática a la Editorial Maipue, cuya propietaria es la proveedora Teresa Brass Eggers, por los que iban a pagar 1.207.998.935 de pesos.

Todas las ofertas debían ser evaluadas por la Subsecretaría de Política e Innovación Educativa, que realizó la revisión de los pliegos presentados por los proveedores del Estado. Están pendientes de adjudicación y, una vez aprobada la documentación, tenían 60 días de corrido para entregar los materiales.

Los pagos se iban a hacer en tres veces. Primero el Gobierno debía entregar un anticipo financiero correspondiente al 50% de la compra, luego se completaba con el 40% tras verificar que el material haya sido impreso, y el otro 10% se iba a entregar al finalizar la compra.

En las especificaciones técnicas también precisaron que la totalidad de las editoriales que resulten contratadas debían -en un plazo máximo de diez días corridos- “reunirse y coordinar la entrega de los libros con la finalidad de que la misma sea realizada en forma metódica y eficiente”.

En dicha reunión, como primera medida, tenían que seleccionar el depósito donde se iban a acopiar los libros a efectos de que la Secretaría de Educación realice la verificación correspondiente. “El depósito deberá encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dentro de un radio máximo de 60 km”, advirtieron.

Después de haber dado todos estos pasos, el gobierno nacional, ya tarde para la entrega, dio marcha atrás y no compró los libros. Las licitaciones aún figuran en el sistema pero en los próximos días serán dejadas sin efecto. (Con información de TN)